Apatzingán, Michoacán.- El camino hacia El Morado, El Guayabo y El Alcalde no atraviesa únicamente la Tierra Caliente; cruza también un territorio donde el miedo aprendió a echar raíces.
Entre el verde persistente de las huertas de limón y el polvo que levantan los caminos, la belleza del paisaje convive con una amenaza invisible: Bajo la tierra dormitan minas explosivas, esperando a ser despertadas por el frágil paso de algún jornalero, y en el cielo pueden aparecer drones cargados de muerte.
Entre ambos extremos, las balaceras, los enfrentamientos y el abandono gubernamental han ido borrando la tranquilidad de comunidades que hoy sobreviven aferradas a la esperanza de volver a llamar hogar al lugar donde nacieron.
La gira de documentación para conocer la situación del desplazamiento forzado provocado por la violencia permitió adentrarse en una geografía donde el silencio pesa más que las palabras.
Casas cerradas a la espera a sus dueños; escuelas convertidas en cuarteles militares y calles casi vacías narran, sin necesidad de voces, la historia de una población que dejó de vivir con normalidad porque el miedo terminó instalándose en la rutina cotidiana.
El recorrido estuvo acompañado por la regidora y activista Carmen Zepeda Ontiveros y por Julio Franco, titular del Observatorio Ciudadano de Seguridad de Apatzingán, quienes acudieron para entregar ayuda humanitaria a las familias que decidieron permanecer en estas comunidades.
Su presencia no sólo llevaba despensas y medicamentos; también representaba la posibilidad de que alguien escuchara una realidad que pocas veces consigue salir de estos caminos.
Desde los primeros kilómetros, Julio Franco rompió el silencio con una advertencia sencilla, pero suficiente para cambiar la forma de caminar: en esa región cada paso debía pensarse dos veces.
Las minas explosivas sembradas entre caminos, parcelas y veredas han convertido el territorio en un lugar donde incluso la tierra dejó de ser confiable.
Quienes permanecen ahí aprendieron que un montículo de arena, un cable apenas visible entre la maleza o una huella fuera de lugar pueden marcar la diferencia entre regresar a casa o no volver jamás.
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El Morado: Refugio donde también llegó el miedo
El Morado se convirtió en refugio para parte de las familias desplazadas de Cueramato y Cueramatillo. Es un refugio apenas relativo, porque aquí la violencia no desapareció; simplemente cambió de distancia: Llegó detrás de quienes huyeron y terminó instalándose también entre las huertas y las calles de la comunidad.
Las familias que abandonaron sus hogares intentan reconstruir una rutina entre los árboles de limón. Salen a trabajar desde temprano, cortan el cítrico, cargan costales y procuran convencerse de que la jornada será tranquila.
Pero ni siquiera el aroma cítrico que invade los sembradíos consigue ocultar la sensación de que el peligro puede brotar en cualquier momento desde el suelo que pisan.
Durante el recorrido por una de esas huertas, donde jornaleros desplazados realizaban labores de corte de limón, apareció una escena que transformó la tranquilidad aparente en una tensión inmediata: una posible mina explosiva.
Un detalle casi imperceptible dio cuenta de, pues entre la hierba sobresalía un delgado cable negro que emergía de un pequeño montículo de tierra. Era un elemento tan discreto que cualquiera habría seguido caminando sin prestarle atención.
La primera explicación parecía inofensiva. Tal vez era parte del sistema de riego. Sin embargo, más tarde, al comparar sus características con imágenes mostradas por militares destacados en la base de El Guayabo, la sospecha se convirtió en certeza: el objeto reunía las características de una mina explosiva improvisada.
La advertencia que Julio Franco había hecho al inicio del recorrido adquirió entonces un significado mucho más profundo: Evitar cables extraños y pequeños montículos ya no era una recomendación de precaución, era una regla de supervivencia.
El hallazgo sembró inquietud entre quienes realizábamos la cobertura, pues aquella huerta era considerada una de las zonas relativamente seguras para quienes escaparon de la violencia, y descubrir que incluso ese espacio podía ocultar explosivos hizo evidente que, en esta región, la seguridad es apenas una ilusión que puede romperse con un solo paso.
Como si la naturaleza insistiera en recordar que la vida aquí exige permanecer alerta, también apareció una víbora de cascabel.
Los jornaleros la observaron con la misma costumbre al peligro con la que miran las amenazas cotidianas en un territorio donde la guerra se volvió paisaje, y donde los peligros naturales parecen ocupar un segundo plano.
Por si fuera poco, la clínica del IMSS Bienestar permanece en pie, pero transmite la sensación de haber sido olvidada por el tiempo y por las instituciones que deberían sostenerla.
Sus paredes aún resisten el sol implacable de la Tierra Caliente, aunque el silencio que la envuelve resulta más elocuente que cualquier diagnóstico, pues se trata de un inmueble sin puertas y con dos tinacos de agua que evidencian que el sitio no está para brindar la atención médica a la población, sino en el abandono total.
La clínica continúa ahí como un símbolo que no da el servicio para el que fue construida, ya que incluso, al interior, las paredes se encuentran cuarteadas. El diagnostico es sencillo, incluso este centro de salud está enfermo de abandono y olvido.
Unos kilómetros más adelante, se levanta el depósito de agua, con una estructura sencilla pero que al igual que la clínica, el abandono de las autoridades demuestra daños estructurales y fugas de agua.
En un lugar donde la guerra obligó a desplazar familias enteras, hasta el agua parece esperar la presencia de las autoridades gubernamentales ante la desaparición del sentido de vivir en esta región de Michoacán.
Halcones y sicarios vigilan
El Morado era considerada una comunidad donde la violencia parecía respirarse con menor intensidad que en otros puntos del recorrido, la calma tenía algo de espejismo, bastaba permanecer unos minutos para comprender que, incluso allí, cada rostro desconocido altera el ritmo del pueblo.
En estas comunidades, la tranquilidad nunca termina de ser completa; siempre hay unos ojos que miran desde alguna esquina.
El equipo periodístico se encontraba dentro de una pequeña tienda, haciendo una breve pausa antes de emprender el camino hacia El Guayabo. Afuera, el calor de la Tierra Caliente parecía inmóvil.
Todo parecía transcurrir con una normalidad frágil, de esas que pueden romperse con la llegada de una sola camioneta, fue entonces cuando aparecieron varios jóvenes armados tentativamente pertenecientes al Cártel de Los Caballeros Templarios.
Vestían ropa táctica muy similar a la militar, aunque no pertenecían a ninguna corporación oficial. Caminaban con la seguridad de quien conoce el territorio y sabe que su sola presencia basta para modificar el ambiente. Entraron a la tienda con el pretexto de comprar tortillas, pero el verdadero interés parecía estar lejos del mostrador.
Mientras esperaban, sus miradas recorrían cada rincón del lugar. Observaban las cámaras, los teléfonos, los rostros de quienes documentábamos el recorrido.
No hicieron preguntas, no levantaron la voz, el silencio con el que inspeccionaban resultaba mucho más elocuente que cualquier amenaza pronunciada y después se marcharon.
Por unos minutos volvió esa aparente normalidad que caracteriza a los pueblos donde el miedo aprendió a disfrazarse de costumbre, sin embargo, poco después regresaron, ya no buscaban comprar tortilla, ahora el pretexto era una coca cola.
Permanecieron otra vez cerca del lugar, atentos a cada movimiento del equipo periodístico para confirmar información para alguien más.
Más tarde, una camioneta cruzó lentamente por la calle. No se detuvo. Tampoco fue necesario. Bastó la velocidad con la que pasó y las miradas que se asomaban desde el interior para entender que el recorrido ya había sido advertido.
Los habitantes de la comunidad no parecieron sorprenderse, pues para ellos era una escena cotidiana, casi un protocolo silencioso que antecede a cualquier presencia ajena en la región.
Explicaron que esa vigilancia forma parte de la red de información de los grupos criminales: Son los llamados halcones, personas encargadas de observar, identificar y reportar quién entra, quién sale y qué hace cada visitante.
En ese instante quedó claro que, en estas comunidades, nadie camina verdaderamente solo, cada vehículo, cada cámara y cada conversación parecen dejar una estela invisible que alguien sigue desde la distancia.
La cobertura periodística continuó, pero desde ese momento la sensación de ser observados acompañó cada kilómetro del recorrido, como una sombra silenciosa que avanzaba al mismo ritmo que nosotros.
El Guayabo: viviendas baleadas y una población que resiste
El Guayabo aparece unos kilómetros más adelante como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo después del último ataque. No hace falta que alguien explique lo ocurrido: El pueblo habla por sí solo, lo cuentan sus fachadas perforadas por los impactos de balas de alto calibre; los techos remendados; las ventanas vacías y rotas, y ese silencio espeso que obliga a bajar la voz incluso antes de cruzar la primera calle.
Aquí los habitantes dicen vivir en una “zona de guerra”. No lo hacen como una metáfora, sino como una forma sencilla de describir la vida cotidiana.
Las calles conservan viviendas marcadas por esos impactos de bala, y aunque algunas familias lograron resanar los muros con cemento fresco, intentando borrar las cicatrices que dejaron los enfrentamientos, otras ya no pudieron hacerlo.
Los agujeros permanecen abiertos sobre las paredes como pequeñas memorias de metal que se niegan a desaparecer.
En algunas azoteas todavía son visibles los daños provocados por drones explosivos, una forma de violencia que terminó por convertir el cielo en otro motivo para sentir miedo.
Una de las habitantes explica que esa realidad obligó a marcharse a cerca de la mitad de la población.
Mientras habla no levanta la voz, ya que en comunidades como ésta, incluso las palabras aprendieron a caminar con cautela.
“Estamos en zona de guerra porque a veces ni dormimos y aparte no podemos salir a trabajar porque todas las partes están minadas”, narró.
La frase queda suspendida unos segundos y después llega otra, todavía más dura, porque habla de algo que ya dejó de ser amenaza para convertirse en costumbre.
“Ya ha habido accidentes aquí de dos, tres que les han tronado minas, tanto en el camino, el trayecto al trabajo”, dijo.
En El Guayabo nadie necesita imaginar el peligro, lo conocen por nombre y apellido, lo han visto estallar debajo de una camioneta, en una brecha o entre los surcos de una huerta. Las minas dejaron de ser una noticia lejana para convertirse en parte del paisaje.
Aunque en la comunidad permanece instalada una base militar, los habitantes aseguran que la sensación de vulnerabilidad no desaparece, pues incluso la presencia de uniformados no alcanza para borrar la incertidumbre con la que amanece cada día.
“Tenemos aquí una basecita de soldados, pero de todos modos está el riesgo latente. A ellos también les han tronado minas”, comentan.
Antes, recuerdan los vecinos, El Guayabo reunía alrededor de 250 habitantes. Hoy apenas permanece cerca de la mitad.
Las casas vacías no sólo representan familias que huyeron; son espacios donde quedaron fotografías, muebles, juguetes, árboles frutales y recuerdos esperando un regreso que todavía no tiene fecha.
Quienes decidieron quedarse tampoco hablan de valentía, hablan de necesidad, pues permanecer ahí significa cuidar lo poco que aún conservan.
“No nos vamos por el miedo también de que ya cuando regresemos no encontremos nada. Tenemos animalitos en casa, hay que estar dándoles de comer a las gallinas, perritos y todo”, comentan.
En El Guayabo la resistencia no tiene discursos heroicos, se parece más a alimentar las gallinas antes del amanecer; revisar que los perros sigan en el patio y abrir la puerta cada mañana con la esperanza de que ese día no haya drones, ni disparos, ni explosivos escondidos bajo la tierra, lo que nos lleva a una conclusión: A veces resistir consiste únicamente en permanecer.
Escuelas convertidas en cuarteles militares
En El Guayabo hay una imagen que resume, quizá mejor que cualquier estadística, el tamaño de la violencia es la escuela donde antes se escuchaban recreos y ahora resguarda armas, vehículos militares y soldados. El lugar pensado para enseñar a leer y escribir se convirtió en un punto de vigilancia.
Los habitantes explican que las aulas donde antes estudiaban los niños hoy son utilizadas por elementos de seguridad. Los pupitres cedieron su lugar a literas, equipo táctico y patrullajes permanentes.
“Cómo nuestras escuelas ahora son cuarteles, y eso es muy triste para nosotros, porque nuestros niños acá no pueden venir”, dijeron.
Sin embargo, la presencia militar no ha conseguido devolver la tranquilidad, ya que los pobladores aseguran que los ataques continúan y que la guerra tampoco distingue uniformes.
Las minas y los explosivos también representan una amenaza para quienes llegaron con la misión de brindar seguridad.
Militares niegan acompañamiento para llevar ayuda humanitaria
La siguiente parada del recorrido no estuvo marcada por disparos, sino por una respuesta que dejó al descubierto otra dimensión del conflicto.
La regidora Carmen Zepeda solicitó al sargento responsable de la base militar en El Guayabo acompañamiento para trasladar ayuda humanitaria hacia la comunidad de El Alcalde.
El objetivo era recorrer el camino entre ambas localidades y brindar seguridad ante la posibilidad de encontrar minas explosivas, pero la respuesta no llegó de inmediato; el mando explicó que debía consultar la autorización con sus superiores, y minutos después, regresó con una negativa.
El sargento explicó que uno de los caminos presentaba riesgo por la presencia de minas, mientras que otra ruta podía ser vigilada por posibles francotiradores apostados entre los cerros.
En un territorio donde cada sendero implica una amenaza distinta, incluso la ayuda humanitaria necesita negociar su paso con la incertidumbre.
Los víveres y medicamentos estaban destinados principalmente a personas adultas mayores y habitantes que permanecen prácticamente aislados.
La regidora explicó que había personas sin medicamentos y familias que llevaban días esperando algún tipo de atención, pero la distancia entre las comunidades no parece medirse en kilómetros, sino en el riesgo que implica recorrerlas.
El Alcalde: miedo hasta para hablar
El último destino fue El Alcalde: Aquí el miedo dejó de ser una sensación para convertirse en una forma de relacionarse con los demás, pues no hizo falta pedir silencio, el silencio ya habitaba el pueblo.
Los habitantes rechazaron aparecer en fotografías, grabaciones de audio o video. Nadie quiso dar su nombre.
En comunidades donde los grupos criminales conocen quién entra y quién sale, hablar puede ser suficiente para ponerse en riesgo.
Aquí la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no necesita presentaciones, ya que un grafiti con las siglas del grupo criminal permanece visible sobre una de las bardas, como si fuera una advertencia permanente para quienes todavía permanecen ahí.
Los pobladores explican que el problema ya no consiste únicamente en convivir con la violencia, sino en haber perdido la posibilidad de trabajar.
Cuentan que las huertas dejaron de pertenecer solamente a quienes las cultivaban, ya que el grupo criminal las utilizan como rutas de desplazamiento y esa sola circunstancia basta para impedir que muchas familias puedan ingresar a sus propias parcelas.
Los testimonios coinciden en que alrededor del 70 por ciento de la población abandonó la comunidad. Donde antes vivían cerca de 300 personas, hoy apenas permanecen unas 50. “Es un pueblo fantasma”, dicen.
Después agregaron la razón por la que decidieron quedarse, aunque permanecer implique convivir todos los días con el miedo, señalan que “no es fácil salirse de su propia casa, dejar sus parcelas, sus vacas y sus animales”. No hablan únicamente de propiedades, hablan de su vida entera.
Cortadores de limón: trabajar entre explosivos y necesidad
Previo al recorrido por las comunidades, junto al monumento a Lázaro Cárdenas, los jornaleros esperan las camionetas que los llevarán a las huertas: La escena es cotidiana, algunos conversan, otros observan la carretera en silencio, sin embargo, todos saben que la jornada puede comenzar con una cosecha o con una explosión.
Los cortadores de limón reconocen que el riesgo de pisar una mina existe todos los días; también saben que dejar de trabajar significa no llevar alimento a sus familias, por ende, entre el miedo y la necesidad, casi siempre termina imponiéndose la necesidad.
Alma Delia Chávez Ríos lo resume con una frase breve, dicha con la naturalidad de quien aprendió a convivir con el peligro, pues comenta: “Sí tenemos miedo a que nos pase algo ahí por las minas”.
Para ella, el problema también radica en que pocas autoridades conocen realmente lo que ocurre dentro de las huertas.
“Esas nomás andan por las puras carreteras. Si se metieran al campo como uno, verían la situación”, destaca.
Los jornaleros explican que sus ingresos oscilan entre 200 y 400 pesos diarios, dependiendo de la producción.
También denuncian que algunos patrones les entregan dinero para comprar alimentos antes de iniciar la jornada, pero posteriormente ese mismo recurso les es descontado del salario.
Cuando llegan las lluvias disminuye la producción de limón y también el ingreso económico. La incertidumbre no sólo proviene de la violencia; también del bolsillo.
Un territorio abandonado
Al finalizar el recorrido, las comunidades cambian de nombre, pero los testimonios repiten la misma ausencia.
En El Morado, El Guayabo y El Alcalde, los habitantes coinciden en que las autoridades municipales, estatales y federales han estado lejos de la realidad que ellos enfrentan todos los días.
Dicen que pocas veces alguien llega para escuchar, y que casi siempre quienes aparecen lo hacen cuando la tragedia ya ocurrió.
Mientras tanto, las familias desplazadas continúan repartidas entre comunidades vecinas, sobreviviendo gracias a trabajos temporales, ayuda ciudadana y la esperanza de regresar algún día a los lugares que tuvieron que abandonar.
La guerra que viven estas comunidades no siempre ocupa los titulares nacionales, transcurre entre huertas de limón, caminos de terracería y pueblos donde el silencio pesa tanto como el calor de la Tierra Caliente.
Aquí la vida continúa, pero ya no es la misma, pues cada mañana alguien sale a trabajar sabiendo que bajo sus pasos puede esconderse un explosivo.
Alguien alimenta a sus animales con la incertidumbre de no saber si podrá volver al día siguiente.
Alguien mira una escuela convertida en cuartel y recuerda que, hace no mucho, ahí se escuchaban las voces de los niños.
Entre minas, drones, balaceras y desplazamiento forzado, las comunidades de Apatzingán siguen defendiendo lo único que la violencia aún no les ha arrebatado por completo: la voluntad de permanecer en la tierra donde construyeron su vida.
