*El Vacío de la agenda: privilegiar los programas sociales en zonas tranquilas y esquivar los epicentros de la violencia en Tierra Caliente proyecta un preocupante mensaje de debilidad.
Si, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán no debe ser un paseo de caravanas políticas ni de aplausos mutuos. El estado sigue sumido en una paradoja de cifras alegres frente a una realidad que golpea a los ciudadanos diariamente.
Ahora, si bien los homicidios dolosos muestran una baja en el papel, el control territorial de las mafias sigue casi intacto. Sheinbaum Pardo tiene la obligación política y moral de llamar la atención duramente a quienes le sigue fallando a los michoacanos.
Y es que no se puede pacificar una entidad solo con discursos triunfalistas mientras el cobro de piso asfixia a los productores agrícolas. La gobernante federal debe aplicar la guillotina de la exigencia a funcionarios que nadan en lo que parece una flagrante complacencia.
Pese a todo, el primer llamado de atención enérgico tiene que ser para el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch. En Michoacán, al funcionario público le ha faltado una mayor inteligencia con gran precisión para desactivar realmente grupos delincuenciales, no solo dar golpes mediáticos.
Hay que hacer nota que la Federación presume detenciones y decomisos, en territorio michoacano, pero, en el primer caso, las células delictivas se reagrupan con gran facilidad en las distintas regiones. Ante esa situación el reclamo presidencial debe dirigirse por igual al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario ha priorizado la narrativa de la transformación por encima de la depuración urgente de la policía estatal, de la llamada Guardia Civil, e incidir en las municipales. Su gobierno debe sostener una estrategia contundente para desmantelar las redes de corrupción política que protegen a los capos.
Sin investigaciones sólidas ni castigos reales a los delincuentes, al menos en el rubro de justicia, el Plan Michoacán tiende a convertirse en un cascarón vacío. La presidenta no puede seguir evadiendo zonas de conflicto bajo el pretexto de una agenda meramente enfocada en los pueblos indígenas.
Visitar la región purépecha, en especial las comunidades de Cherán y de Pichátaro, es valioso, pero ignorar los epicentros de violencia en Tierra Caliente proyecta debilidad. La oposición ya capitaliza ese vacío, acusando una supuesta falta de valor institucional para encarar el problema de raíz, como debe ser.
Hay que ponderar el reconocimiento de que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tiene una debilidad de origen que el Gobierno de México debería corregir de inmediato. Sobra una excesiva dispersión de programas sociales y falta una verdadera política de seguridad, de paz, de reparación y reconciliación comunitaria.
Así es, otorgar recursos económicos no exactamente a manos llenas no borra el miedo colectivo ni devuelve tranquilidad a los municipios bajo asedio criminal. Michoacán no necesita más promesas de escritorio ni fotografías sonrientes para las redes sociales de los gobernantes, no, no.
Cierto, ni más ni menos, la presidenta debe demostrar que el poder federal manda y que no puede encubrir mínimas deficiencia de sus colaboradores por más queridos que sean. Lo anterior lo puede subsanar, todavía, en Michoacán, corrigiendo el rumbo con mano firme o, bueno, siguiendo dejar al estado al garete.
