• Sin duda, la intervención oportuna del Estado debe suplantar la peligrosa inercia ciudadana de hacer valer la justicia por cuenta propia en la capital michoacana…
En Morelia, la invasión de catorce hectáreas agrícolas en el Internado Femenil de La Huerta encendió alarmas sobre el despojo patrimonial. Ante la exasperante lentitud de las autoridades, la propia comunidad escolar coordinó la expulsión de más de sesenta paracaidistas ilegales.
La quema provocada de chozas provisionales de madera y plástico expuso la latente violencia en los predios de la capital, aunque, en este caso, elementos de la Policía de Morelia y de la Fiscalía resguardaron el perímetro, la acción civil directa evidenció un estado de vulnerabilidad institucional evidente.
El anterior, aunado al caso reciente de San Isidro Itzícuaro, cuyo desalojo también se suscitó este año, confirman la tendencia al alza del delito de despojo. Morelia encabeza las carpetas de investigación en Michoacán, donde la lotificación ilegal devora suelo agrícola y reservas protegidas.
El uso de mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios funciona con inmuebles urbanos particulares, pero fracasa ante paracaidistas organizados. Si, el patrimonio educativo y ejidal requiere esquemas de blindaje jurídico preventivo que eviten confrontaciones que pongan en riesgo vidas.
Sin duda, la intervención oportuna del Estado debe suplantar la peligrosa inercia ciudadana de hacer valer la justicia por cuenta propia en el municipio. De lo contrario, los límites de la propiedad pública y privada seguirán diluyéndose bajo el humo de la impunidad territorial.
