Morelia, Mich. | Agencia ACG.- La paciencia se agotó en la región oriente. Habitantes de la comunidad otomí de San Matías el Grande y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) acudieron este martes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para interponer una queja formal contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que acusan de envenenar sus manantiales y provocar una epidemia de insuficiencia renal crónica.
Pavel Ulianov Guzmán, vocero del movimiento, señalo los datos duros que sustentan la denuncia: estudios de la Universidad Michoacana y el Conahcyt, señalo que confirman que el agua en Ciudad Hidalgo y Zitácuaro presenta hasta un 50% de toxicidad por metales pesados. Agregó, que las consecuencias también afectan a los niños; exámenes recientes aplicados a menores de entre 10 y 12 años arrojaron que tres de cada diez ya tienen daño en los riñones, según dijo.
La fuente de la contaminación está identificada en las piletas de enfriamiento de la planta de la CFE. Señala Ulianov, que según documentos de la propia Profepa, la tercera parte de estas fosas opera sin recubrimiento, lo que se traduce en filtraciones directas al subsuelo y desbordamientos en plena temporada de lluvias. El saldo humano en San Matías es de 10 casos nuevos en lo que va del año, 50 pacientes en hemodiálisis y más de 200 afectados en la zona.
Respecto a las mesas de diálogo con el Gobierno, el vocero fue directo al señalar que las autoridades sólo «administran el conflicto». Afirmó que se ha incumplido el 95% de las minutas, dejando en el aire una inspección de Profepa prometida hace dos meses, la instalación de una clínica local de hemodiálisis y los pagos para que la UNAM evalúe los pozos de las comunidades afectadas.
La representación indígena aclaró que no buscan apagar Los Azufres, conscientes de que la planta genera la luz que consume Morelia y otras ciudades. La exigencia es concreta: que encofren las fosas con concreto para frenar las fugas, que se repare el daño a los enfermos y que haya medicinas reales, reprochando que la ley de salud que acaba de votar el Congreso local es un «elefante blanco» que nació sin un solo peso de presupuesto.
Las comunidades fijaron un plazo de tres semanas a las secretarías de Salud y Medio Ambiente para presentar soluciones con fechas calendarizadas. Advirtieron que, si la próxima reunión vuelve a quedar en promesas, romperán el diálogo para iniciar movilizaciones y salir en caravana masiva hacia la Ciudad de México.
