Morelia, Mich.- En el congreso del estado se presentaron una serie de iniciativas en donde estuvieron temas sobre Discapacidad, justicia incluyente, educación con perspectiva de género y derechos humanos junto con el endurecimiento de penas hacia la tala ilegal y/ o devastación forestal.
A continuación se presentan las iniciativas:
PROPONE CONRADO PAZ UNA NUEVA LEY DE CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
*El Diputado del Distrito 14 de Uruapan Norte, aseguró que las políticas gubernamentales deben construirse a partir de las necesidades reales de las personas que viven con alguna discapacidad.Morelia,
Morelia, Michoacán, a 05 de junio 2026.- Garantizar que las personas con discapacidad participen de manera activa en la elaboración de las políticas públicas, los programas y acciones que inciden en sus vidas, es la finalidad de la iniciativa presentada por el diputado Conrado Paz Torres durante la última sesión.
Su propuesta, marca una nueva visión de verdadera inclusión, pues busca que las más de 826 mil personas que viven con alguna discapacidad en la entidad, puedan participar en la construcción de las políticas públicas que de alguna manera afectan o benefician su calidad de vida.
«Queremos que las decisiones gubernamentales dejen de basarse en suposiciones y se construyan a partir de las experiencias de las personas que viven con discapacidad, por lo que esta propuesta de Ley de Consulta a las Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán, entiende la urgencia de que Michoacán cuente con un marco normativo que los entienda y atienda», señaló el legislador.
Paz Torres, explicó que las leyes deben adaptarse a las personas y a sus realidades, por lo que esta nueva Ley de Consulta contempla y garantiza que las personas con discapacidad, sean consultadas antes de aprobarse una reforma, una Ley o cualquier política gubernamental que pueda afectarles, estableciendo reglas mínimas que deberán observar los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En conclusión, Conrado Paz reafirmó su compromiso de legislar para que los más vulnerables, sean reconocidos y sus necesidades no sólo sean visibilizadas, sino que éstas se traduzcan en leyes más justas y adecuadas a sus realidades.
PROPONE DIPUTADA TERE HERRERA JUSTICIA MÁS HUMANA E INCLUYENTE
• Indispensable garantizar la participación segura, accesible y libre de revictimización de menores de edad en los procesos judiciales.
Morelia, Michoacán, a 08 de junio del 2026.- La justicia debe estar al alcance de todas las personas, principalmente de nuestras niñas y niños, indicó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
Detalló que esta propuesta tiene la finalidad de establecer disposiciones que garanticen la participación efectiva, segura y accesible de los niños y personas con discapacidad, mediante mecanismos de protección, espacios adecuados, ajustes razonables y criterios objetivos para la toma de decisiones durante los procesos judiciales.
“Esta propuesta representa un compromiso claro: que ninguna niña, niño o adolescente, con o sin discapacidad, tenga que elegir entre decir la verdad o sentirse seguro dentro de un proceso judicial. Ellos necesitan tener a su alcance un sistema de justicia más humano, accesible e incluyente”.
Herrera Maldonado explicó que especialmente en los procedimientos de carácter familiar, donde se toman decisiones que impactan directamente la vida de los menores, es indispensable garantizar condiciones de confidencialidad, seguridad y accesibilidad que les permitan expresar libremente sus opiniones y necesidades.
“El bienestar físico, mental y emocional de nuestras niñas y niños es lo más importante, debemos procurar que se desarrollen en ambientes adecuados, aún cuando por distintas situaciones deban participar en procedimientos jurisdiccionales. Sabemos que en dichos procesos, en los que se encuentra involucrado un menor de edad, es indispensable escucharlos, tomar en cuenta su opinión de acuerdo a su madurez y edad, pero cuidando en todo momento que no sean revictimizados”.
La legisladora panista aseveró que a pesar de que en Michoacán se contemplan espacios especializados para la atención de los menores, que deben participar en un juicio, la existencia de los mismos se limita a una decisión administrativa porque no se encuentra estipulado en la ley, lo que impide que sea implementado de manera obligatoria.
La iniciativa busca incorporar estas garantías en el marco normativo estatal, para asegurar que los mecanismos de protección y atención especializada sean permanentes, obligatorios y accesibles para todas las niñas, niños y adolescentes que requieran participar en un juicio.
PROPONE ERENDIRA ISAURO REFORMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
Morelia, Michoacán, a 9 de junio de 2026.- Con el objetivo de armonizar la legislación estatal con la Ley General de Educación y fortalecer el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación libre de discriminación, exclusión y violencias, la diputada Erendira Isauro Hernández presentó, junto con el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.
La legisladora planteó que la educación en Michoacán debe garantizarse bajo criterios de inclusión, perspectiva de género y derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación, exclusión y violencias, así como las condiciones estructurales que puedan representar barreras para el aprendizaje y la participación.
Erendira Isauro sostuvo que la educación debe entenderse como un derecho humano fundamental para garantizar la dignidad, la movilidad social, la equidad de género y la erradicación de desigualdades, por lo que consideró necesario actualizar el marco jurídico estatal frente a los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.
La diputada advirtió que en Michoacán persisten condiciones de exclusión, violencia de género y rezago educativo que afectan principalmente a personas con discapacidad, mujeres, niñas, adolescentes, juventudes y comunidades históricamente vulneradas, razón por la cual subrayó la importancia de dotar al sistema educativo de herramientas legales más claras para remover dichas barreras.
Isauro Hernández señaló que la reforma al artículo 23 permitirá incorporar un lenguaje garantista y alineado con los tratados internacionales, además de obligar a las autoridades educativas a fortalecer reglamentos escolares, lineamientos operativos y protocolos de convivencia bajo criterios de inclusión, derechos humanos y perspectiva de género.
La propuesta establece además que, una vez aprobado y publicado el decreto, la Secretaría de Educación en el Estado contará con un plazo máximo de 120 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes a la normativa escolar vigente.
Con esta reforma, la diputada Erendira Isauro Hernández reafirmó su compromiso con una educación más justa, incluyente y libre de violencias, en la que todas y todos los estudiantes puedan aprender, permanecer y participar plenamente en condiciones de igualdad.
ENDURECER PENAS POR TALA ILEGAL Y DEVASTACIÓN FORESTAL, PROPONE DIPUTADA SANDRA ARREOLA
-La iniciativa propone homologar el régimen sancionatorio de Michoacán con el modelo del Estado de México, cuya legislación contempla agravantes específicas y penas más severas
Morelia, Michoacán a 10 de junio de 2026.– La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentará ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para adicionar el artículo 302 Bis al Código Penal de Michoacán, con el objetivo de fortalecer el marco sancionatorio contra los delitos ambientales, particularmente la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo y la devastación de bosques y selvas.
La propuesta contempla penas de hasta veinte años de prisión y multas significativas, así como agravantes específicas cuando se empleen instrumentos especializados, vehículos de transporte o participen servidores públicos.
En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que el medio ambiente constituye uno de los bienes jurídicos colectivos de mayor relevancia para el desarrollo presente y futuro de la sociedad, y que la protección de los bosques y recursos naturales responde a un mandato constitucional que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. Advirtió que, cuando los ecosistemas son devastados, no solo se afecta la biodiversidad, sino también la seguridad hídrica, la estabilidad climática, la economía regional y la paz social.
Arreola Ruiz señaló que Michoacán, por su riqueza forestal y ubicación estratégica, ha sido particularmente vulnerable a la explotación ilícita de recursos forestales, muchas veces vinculada a estructuras organizadas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 Michoacán se ubicó entre las entidades con mayor número de denuncias por delitos ambientales, particularmente relacionados con tala y daño forestal.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han documentado cientos de denuncias por cambio ilegal de uso de suelo y deforestación en distintas regiones de la entidad. “Estas cifras revelan que el marco sancionatorio vigente no ha sido suficiente para inhibir la reincidencia ni para desarticular las estructuras que operan este tipo de actividades ilícitas”, afirmó la diputada.
La iniciativa propone homologar el régimen sancionatorio de Michoacán con el modelo adoptado en el Estado de México, cuya legislación contempla agravantes específicas y penas más severas. De aprobarse, se establecería una pena de cinco a quince años de prisión para quien realice, auxilie, coopere o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de montes o bosques. Para autores intelectuales, instigadores, quienes obtengan lucro indebido o controlen a menores de edad para cometer el delito, la pena sería de siete a quince años de prisión.
Adicionalmente, se contempla una pena de diez a veinte años de prisión y multa de mil a mil quinientos días cuando en la comisión del delito se empleen instrumentos como motosierras, sierras manuales o análogas; cuando se utilicen vehículos, camionetas o camiones cargados con tocones de madera; o cuando participen servidores públicos. La diputada explicó que el empleo de estas herramientas evidencia preparación, capacidad operativa y una intención clara de devastación, mientras que la participación de servidores públicos representa una circunstancia particularmente grave, pues erosiona la confianza institucional y facilita la impunidad.
“El reproche penal reforzado en estos casos responde al principio de responsabilidad agravada por posición de garante y por traición a la función encomendada”, sostuvo.
La iniciativa también establece que los instrumentos y efectos del delito serán asegurados de oficio por el Ministerio Público y puestos a disposición de la autoridad judicial para el decomiso correspondiente, con el fin de impedir la reiteración de la conducta.
“La pérdida de cobertura forestal no sólo implica la tala de árboles. Supone la alteración del ciclo hidrológico, la disminución de la captación de agua, el incremento de la erosión de suelos, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento de fenómenos como incendios e inundaciones. En regiones indígenas y rurales, el impacto es aún más profundo, pues el bosque constituye base económica, cultural y comunitaria. Cuando se destruye el entorno natural, se debilita también el tejido social”, puntualizó Arreola Ruiz.
