Morelia, Michoacán.— A nueve años de la herida abierta el 5 de abril de 2017, la comunidad de Arantepacua ha decidido elevar su exigencia de justicia al escenario global. El asesor jurídico Enrique Guerrero, junto a representantes comunales, anunció que el siguiente paso firme es llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Bajo la premisa de que los hechos podrían encuadrar en el Estatuto de Roma, la defensa busca que la justicia internacional intervenga ante la falta de sentencias firmes en el ámbito local. La ruta legal contempla la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para que el Estado mexicano rinda cuentas en tribunales extranjeros.
Los puntos clave de la nueva ruta:
Cero Impunidad: La comunidad rechaza cualquier intento de liberación o beneficios procesales para los responsables materiales e intelectuales una vez capturados.
Voluntad Judicial: Tras reuniones con el Poder Judicial, se reporta disposición para avanzar con apego a derecho, priorizando siempre a las víctimas.
Mesa Técnica: El planteamiento se formalizará en una reunión técnica en Palacio de Gobierno, donde se definirá la estrategia jurídica internacional.
Para Arantepacua, las disculpas públicas carecen de valor sin castigo. La postura es innegociable: solo aceptarán la reparación del daño cuando los culpables enfrenten sentencias ejemplares. La lucha, que nació en las calles de Michoacán, se prepara ahora para resonar en los tribunales de La Haya.
