“No nos engañemos: el veto no detendrá las candidaturas bajo sospecha ni los financiamientos de origen oscuro que acechan cada proceso electoral…”.
Samuel Ponce Morales
En Michoacán, el reciente choque entre los poderes del Ejecutivo y el Legislativo no es una simple diferencia de técnica legislativa. Lo que se manifiesta en el territorio michoacano, más allá de la carta de no antecedentes penales, es la narrativa de quién cuida la puerta de la casa.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha decidido blandir el veto como una espada de pureza política frente a una 76 Legislatura que parecía caminar en sentido contrario. Para el mandatario, el documento es un muro; para los diputados, es apenas un papel que estorba.
Sin embargo, en el análisis frío, la citada carta es más un fetiche administrativo que un verdadero escudo contra la hidra del crimen organizado. Hay que ser claros: el documento solo registra a los que ya cayeron en las manos de la justicia, no a los que operan en ella.
Un operador delictivo de altos vuelos, un financiero del bajo mundo o un prestanombres de la delincuencia, suelen tener un historial ante la ley más limpio que el de un seminarista. Para ellos, tramitar la carta es un paseo dominical sin sobresaltos ni manchas.
El crimen no se infiltra en las boletas electorales a través de delincuentes sentenciados, sino mediante rostros nuevos, empresarios «exitosos» o figuras sociales que jamás han pisado un juzgado. Ahí es donde la carta pierde toda su fuerza y se vuelve pura escenografía.
¿De qué sirve el requisito si en el sistema de justicia estatal y federal parece un colador donde las carpetas de investigación duermen el sueño de los justos?. La carta de no antecedentes penales no dice quién es el candidato hoy, sino quién no tuvo la mala suerte de ser atrapado ayer.
Los morenistas en el Congreso del Estado de Michoacán, leyeron o les leyeron bien el manual de la Suprema Corte de Justicia: el requisito es inconstitucional por discriminatorio. Pero olvidaron leer el termómetro social de un Michoacán que vive bajo el asedio constante del temor.
El ciudadano de a pie, ese que vota y padece, no entiende de «proporcionalidad» ni de «armonización jurídica»; entiende de señales, de percepciones. Y eliminar el requisito, aunque sea inútil en la práctica, se percibió como una claudicación moral en tiempos de guerra, por decirlo de alguna manera.
Ahí es donde el mandatario, al menos esta vez, le gana la partida a sus propios correligionarios, al priorizar la percepción política sobre la realidad jurídica. A estas alturas, él sabe que, en política, lo que parece es, y parecer «permisivo» con el pasado penal es casi un suicidio electoral.
Pero no nos engañemos: el veto no detendrá las candidaturas bajo sospecha ni los financiamientos de origen oscuro que acechan cada proceso electoral. La carta es un placebo para una sociedad enferma de inseguridad que busca, desesperadamente, creer en algo.
Mientras el debate se agota en los pasillos del Congreso, la realidad en los municipios sigue siendo la misma: la infiltración criminal no pide permiso ni presenta papeles. Se da por la vía de las armas, de la amenaza directa y del recurso financiero que no pasa por los bancos.
Al final, este episodio que pareciera un distractor dejará una lección de sobrevivencia política para la mayoría oficialista: no bastan los derechos humanos si no hay seguridad. Y mientras no haya un sistema de inteligencia real, seguiremos confiando el destino del estado a un simple trámite.
CANTERA
En Morena Michoacán, en el jugueteo de las encuestas rumbo a las candidaturas a la gubernatura y a la alcaldía de la capital, los segundos ya no son tan segundos
CANTERITA
Toc, toc… Y, sin los teleféricos ¿habría aspirante morenista a la gubernatura?
GOTEO
Si, aún hay que ver, si en estos tiempos de mujeres, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es capaz de respetar la ley electoral…
