La titular del Poder Ejecutivo Federal presentó su propuesta de reforma, denominada Plan B, que plantea modificar aspectos administrativos, presupuestales y electorales.
Entre los temas administrativos se encuentra el establecimiento de un tope a los presupuestos de los congresos locales, la limitación en el número de regidurías en los ayuntamientos y algunos ajustes relacionados con los salarios de las autoridades electorales.
En el ámbito técnico electoral, una de las propuestas consiste en que la revocación de mandato pueda realizarse dentro de los tres o cuatro primeros años de gobierno, lo que abriría la posibilidad de que en el proceso electoral de 2027 se incluya este mecanismo.
Eso implicaría la incorporación de una boleta en la que se consulte a la ciudadanía si ratifica o no la confianza en la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
Sin embargo, incluir la revocación de mandato dentro de un proceso electoral en el que también se desarrollan campañas partidistas podría afectar la equidad de la contienda, al incorporar un elemento que incide directamente en la competencia política.
Otro de los planteamientos es que los cómputos de los resultados electorales inicien el mismo domingo al concluir la jornada electoral, conforme comiencen a llegar los paquetes electorales. Esta medida, lejos de representar una simplificación, implicaría una mayor presión operativa para los órganos electorales.
Por un lado, se requiere una estructura encargada de la instalación de casillas, el cierre de la votación, la integración de los paquetes y su traslado a los órganos distritales. Por otro lado, sería necesaria una segunda estructura lista para iniciar los cómputos de manera inmediata, en cuanto comiencen a recibirse los paquetes.
Esto generaría una superposición de procesos, ya que no todos los paquetes llegan la misma noche debido a factores como la distancia, las condiciones geográficas o incluso cuestiones de seguridad. Muchos de ellos arriban durante la madrugada del lunes, lo que actualmente permite un periodo de preparación antes de iniciar los cómputos el miércoles.
Eliminar ese margen de tiempo implicaría un nivel de exigencia operativa mayor para las autoridades electorales, sin que necesariamente se justifique en términos de certeza o legalidad, considerando que los plazos actuales ya están definidos dentro del marco normativo.
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Hasta la próxima.
