El escabroso caso de los vehículos otorgados por el ex gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo al sacerdocio de Morelia, sigue siendo una lección en curso que se percibe como más confabulación que de misericordia cristiana.
No se trata de enjuiciar a la religión, ni de expresar que el Gobierno es opresor, sino de gestionar el acervo de recursos que debieron dirigir a la salud y a la seguridad de los michoacanos.
La indagación de la contraloría estatal necesita abarcar hasta el tope, pues obsequiar bienes públicos como si fueran privados es un legado que hiere a la fe ciudadana.
Si el ex arzobispo Carlos Garfias Merlos aceptó dichos automotores de buena fe, la franqueza rige que el reciente sacerdocio necesita contribuir en su retorno o satisfacer el precio a su dueño.
No hay perdón ni olvido para despistar recursos, pues la ley no separa entre el incienso y los decretos cuando la economía del pueblo acaba en recursos individuales por simpatía.
La mejor huida es la reparación del monto comercial de los vehículos, consentir que aquel beneficio regrese a los dispensarios y a los cuarteles que tanto se necesitan.
En Michoacán no hay porqué soportar más arreglos silenciosos como el pretexto de la tranquilidad social; la justicia auténtica se cuenta con cifras evidentes y patrimonios asegurados por la gente. Veremos.
