La Fiscalía del Estado de Michoacán sitúo las bases para cortar, de tajo y por fin, las redes de corrupción que lucran con la tragedia. El fiscal Carlos Torres Piña lanza lineamientos que prohíben el «coyotaje» funerario y la colusión de malos servidores públicos.
Si, es una medida más que necesaria ante un sistema de procuración de justicia que, históricamente, ha permitido, con una gran impunidad, el abuso en uno de los momentos más vulnerables del ciudadano, el de la muerte de uno de sus familiares, sea cual sea la circunstancia.
Bajo la nueva normativa, la entrega de cuerpos es estrictamente gratuita, sin espacio para las famosas «propinas» o dádivas. Ningún funcionario podrá ya sugerir, presionar o condicionar trámites a cambio de contratar a una funeraria «amiga» o específica.
En los hechos, podríamos establecer que se trata de acabar con el secuestro administrativo de la institución mencionada de los restos humanos, una práctica despiadada que se convirtió en moneda corriente en las morgues a lo largo y ancho del territorio michoacano.
El «pitazo» desde las sombras, donde personal forense avisaba a dueños y/o gerentes funerarios para acosar a los deudos, queda ahora estrictamente prohibido. Esos negociantes no podrán acercarse a las familias mientras duren los peritajes, evitando ese asedio rapaz.
Con lo anterior, seguramente, el fiscal Carlos Torres trata -veremos en los hechos, en esa terca realidad- de devolver la dignidad al proceso forense de la institución que dirige, poniendo el respeto humano por encima de cualquier interés económico turbio.
Y, aunque la Vicefiscalía de Asuntos Internos ya investiga a peritos y ministerios públicos, los nombres permanecen guardados bajo la reserva de ley. El hermetismo institucional es el reto; la ciudadanía exige saber quiénes son los rostros detrás de esta red de extorsión.
Sin sanciones ejemplares y públicas, estos lineamientos corren el riesgo de ser solo otro pliego de buenas intenciones. La transparencia no es una opción, sino una obligación para limpiar la Fiscalía y erradicar los privilegios de los «coyotes» de blanco.
Si, es hora de que el trato digno a las víctimas pase del papel a la realidad cotidiana en cada oficina ministerial. Sin duda, la denuncia ciudadana sigue siendo la única herramienta real para vigilar que el dolor ajeno no vuelva a ser mercancía, por lo pronto, en la Fiscalía.
