Morelia/Redacción
La muerte de diez jóvenes michoacanos calcinados debe ser investigada más que a fondo, porque en los hechos no solo se encuentran los policías que los detuvieron en Cuitzeo por ingerir bebidas embriagantes en plena calle, sino aquellos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán que en forma por demás apresurada y sin ninguna prueba al alcance establecieron que presumía que el caso tenía que ver con robo de combustible.
A diferencia de otras situaciones, en la actual, el gobierno michoacano debe ser más que transparente en las investigaciones, porque, de lo contrario, le puede resultar un bumerang de alcances inimaginables.
