• Permitirá definir los empleos generados; actualmente se estiman 9 plazas por cada tonelada producida
+MICHOACÁN ELEVA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL A RANGO CONSTITUCIONAL: SECMA
Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que el Certificado Laboral para la Agroexportación iniciará operaciones el 1 de abril de 2026 a través de la plataforma VELAGRO. Este programa piloto tiene como objetivo verificar que la mano de obra del sector aguacatero esté afiliada al IMSS y que se respeten plenamente sus derechos laborales y condiciones generales de trabajo.
En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que tendrá un periodo de prueba de seis meses que permitirá facilitar la transición del sector, en la que se implementará un esquema de trazabilidad laboral que abarcará toda la cadena productiva del aguacate: huerta, cosecha y empaques, con la participación de productores, cuadrillas de corte y empresas empacadoras.
“Este mecanismo evitará restricciones comerciales a nuestros productos; además, nos permitirá combatir la competencia desleal y generar datos precisos sobre el impacto laboral de la agroexportación”, puntualizó Méndez Fernández.
A través de este ejercicio se podrá medir con mayor precisión la generación de empleo en el sector, que actualmente se estima entre 8 y 9 plazas por cada tonelada de aguacate, lo que permitirá finalmente precisar el número exacto de puestos de trabajo.
Este esfuerzo también se enmarca en la preparación de México ante la posible renegociación del T-MEC a partir del 1 de julio del próximo año, en la que Estados Unidos, Canadá y México definirán su posición. Con este certificado laboral se busca que no existan obstáculos para la exportación de productos, especialmente del aguacate.
Michoacán eleva la protección ambiental a rango constitucional: Secma
• Con Guardián Forestal y Guardián del Agua se vigila con monitoreo satelital el cambio de uso de suelo
Morelia, Michoacán, 22 de diciembre del 2025.- Tras la aprobación de la reforma constitucional en materia ambiental, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, destacó que esta medida garantiza la dignidad humana y la justicia intergeneracional. En conferencia de prensa con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario subrayó que la reforma asegura la conservación de los recursos naturales como un pilar indispensable para la paz social, el bienestar colectivo y la vida digna en la entidad.
Asimismo, el titular de Secma explicó que la reforma combate la expansión inmobiliaria irregular mediante mecanismos que obligan a transparentar la situación ambiental de la propiedad. Destacó que esta normativa es clave para detener el cambio de uso de suelo desmedido, el cual afectó miles de hectáreas boscosas en los últimos cinco años, priorizando ahora la conservación sobre el modelo de explotación agrícola.
Enfatizó que además contará con un marco normativo completo, que obliga al estado a crear instrumentos jurídicos, registros, monitoreo permanente y sanciones efectivas, para evitar que el derecho quede en “letra muerta”.
El funcionario estatal reiteró que los pilares de esta ley son la obligación estatal reforzada, la corresponsabilidad ciudadana y el uso de tecnología para la transparencia mediante el Guardián Forestal y el Guardián del Agua. Asimismo, la normativa incorpora los principios del Acuerdo de Escazú, que garantizan el acceso a la justicia ambiental, la transparencia informativa y el fomento a la participación ciudadana en el cuidado y protección del medio ambiente.
También se incorporan a la Constitución principios como el precautorio, el de responsabilidad ambiental, bajo el precepto de que “quien contamina paga”, y el de titularidad difusa, mediante el cual cualquier persona puede emprender acciones legales para exigir la protección del entorno. Además, se establece la sustentabilidad como eje rector del desarrollo en la educación ambiental y la obra pública municipal, y se reconoce constitucionalmente el deber del Estado y la sociedad de proteger a los animales.
