Editorial | Poder judicial, por la libre
A diferencia del Judicial, en Michoacán los poderes del Ejecutivo y del Legislativo sufren las secuelas de la violenta muerte del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, sobre todo de manifestaciones algunas con conatos de violencia, otras con actos vandálicos, em la mayoría de las veces con grupos pequeños pero compactos de anarquistas, de provocadores, en espera de una agresiva represión; en el segundo caso con menor tensión, pero paralizando sesiones para evitar irrupciones atrabancadas.
Un Poder Judicial del estado, bajo la titularidad de Hugo Gama Coria, que no ha iniciado ningún juicio contra los culpables de dicho homicidio, porque simple y llanamente el caso se encuentra en la cancha de la Fiscalía de la entidad, a cargo de Carlos Torres Piña, sin que tenga hasta el momentos detenidos con sólidas pruebas para encauzarlos al área de impartición de justicia. Por ello, sin esa carga, por decirlo de alguna manera, transita en lo suyo que no es algo menor.
De entrada, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rechazó aprobar una ampliación presupuestal al Poder Judicial para este año de casi 120 millones de pesos, acordada por los magistrados anteriores, para hacer frente a las nuevas necesidades, originadas por una reforma judicial y que sitúan pagos de liquidaciones de dimitentes, renumeraciones de la base trabajadora y de la ampliación de juzgadores, de más personal especializada, así como del equipamiento de más sedes judiciales.
Ese tajante no gubernamental hizo trastabillar a los responsables del Poder Judicial de Michoacán, pero, finalmente, determinaron atraer a un especialista en temas de finanzas y de administración, ponderar un diagnóstico e imponer un estricto programa de austeridad jamás visto, despojando de privilegios que datan de años y años, como la erogaciones de gasolina ilimitada, viáticos abiertos y el uso indiscriminado de internet en los celulares, solo por mencionar unos cuantos.
Y, el milagro se hizo, y ya no se requiere ninguna ampliación presupuestal demandada y, a priori, negada, una situación que sorprendió al propio titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, Luis Navarro García. Ahora, el siguiente paso es el indispensable incremento presupuestal para el próximo año que oscila en los 300 millones de pesos, al pasar de 1 mil 700 millones del 2025 a un proyectado de un poco más de 2 mil millones para el 2026.
Ya veremos en el 2026 si los impartidores de justicia del territorio michoacano están realmente a la altura de las circunstancias, porque para un no minoría la curva del aprendizaje se está acotando y con ello el tiempo, tic tac, tic tac…
