Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- El dictamen de la Ley Federal de Derechos fue aprobado este lunes en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC, frente a 10 en contra del PAN y PRI. El documento será sometido este martes al pleno para su debate y votación, y de ser aprobado, se enviará al Senado.
La propuesta del gobierno federal incluye ajustes fiscales significativos, como el aumento del impuesto minero al 8.5% y modificaciones a 19 artículos relacionados con servicios migratorios, telecomunicaciones y minería. Los legisladores oficialistas destacaron que estas medidas buscan fortalecer la infraestructura y garantizar un uso equitativo de los recursos.
Debate por el fondo minero
Diputados de Morena y MC señalaron la necesidad de compensar los efectos negativos de la minería en las comunidades. José Narro Céspedes (Morena) abogó por establecer un impuesto ecológico que se acredite al impuesto minero, para mitigar los daños en estados como Zacatecas, donde las mineras generan riqueza pero dejan pocos beneficios locales.
Patricia Flores Elizondo (MC) apoyó el incremento del impuesto, pero subrayó la importancia de destinar una parte a los estados afectados por el impacto ambiental de la minería.
Críticas de la oposición
Los legisladores del PAN y PRI expresaron su descontento. Federico Döring (PAN) lamentó la falta de diálogo por parte de la Secretaría de Hacienda, señalando que «forma es fondo» y que el gobierno debería enviar señales de certidumbre ante un panorama económico incierto.
Por su parte, Eva María Sánchez Hernández (PAN) cuestionó la asignación de recursos del impuesto turístico a entidades militares, destacando la falta de transparencia en estas decisiones y la necesidad de priorizar sectores como la salud.
Próximos pasos
El dictamen será discutido en el pleno este martes. De aprobarse, marcará un paso importante en la regulación fiscal de sectores clave como la minería y el turismo, aunque el debate sobre la distribución y transparencia de los recursos sigue siendo un punto de controversia.
