Morelia/Redacción
De acuerdo a un trabajo periodístico del portal Sinembargo, realizado por Shaila Rosagel, el ex vocero de los autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, se encuentra entre los opositores al Gobierno federal que han ido a la cárcel.
Al inicio del texto referido se establece que “activistas y líderes sociales dicen que durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto algunos de sus opositores han sido perseguidos y encarcelados por acusaciones de corrupción y delincuencia organizada.
Sin embargo, añade, mientras que otros personajes señalados, incluso históricamente, por el mal uso del erario o de las cuotas de sus sindicalizados, gozan de libertad, fortuna y en algunos casos de los grandes beneficios que otorga un puesto público.
Pondera que la lista de activistas y críticos del actual Gobierno en la cárcel es larga y no sólo se circunscribe a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), detenidos por supuesto lavado de dinero y trasladados a un penal de alta seguridad en Hermosillo, Sonora: Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos, Aciel Sibaja, Efraín Picazo y Othón Nazariega, sino que va más allá.
Y en ese más allá subraya a personajes como el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde; Nestora Salgado, ex coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero –que aunque no fue encarcelada durante la administración actual, tuvo que sortear varias trabas jurídicas para lograr su libertad–, y hasta priistas como la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, una de las primeras en oponerse a la Reforma Educativa.
En contraste, prosigue, líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), acusado de desviar mil millones de pesos para la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000, como parte del llamadoPemexgate, no sólo están libres, sino que gozan de fuero.
A continuación, presentamos la parte de sin embargo que corresponde al ex vocero de las autodefensas michoacanas:
DETENIDO POR AUTODEFENSA
José Manuel Mireles Valverde fue detenido el 27 de junio de 2014 y está preso en un penal de Hermosillo, Sonora. Un año antes el médico se había identificado como uno de los consejeros generales del Consejo Ciudadano de Autodefensas del municipio de Tepalcatepec, región de Tierra Caliente y desde ese momento fue una voz crítica ante la política de seguridad del Gobierno de Peña Nieto.
Mireles denunció en una entrevista con la Agencia SubVersiones los atropellos de los que eran víctimas en su región en manos del grupo delincuencial Los Caballeros Templarios. Contó como a las hijas las secuestraban “y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”.
El 9 de mayo de 2014 el entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que Mireles Valverde era investigado por la muerte de cinco personas en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, y que incluso había fotos que lo inculpaban. La prueba de la participación del médico en el crimen son una serie de fotografías en donde sostiene la cabeza de una persona.
En una de las fotos se aprecia a Mireles Valverde sosteniendo la cabeza de un muerto junto con un hombre de guantes quirúrgicos, que él identificó como agente del Ministerio Público.
El líder de las autodefensas explicó que la fotografía la había tomado una médica forense luego de que el agente del Ministerio Público de Lázaro Cárdenas le pidiera ayuda para sostener a un muerto.
Luego de la aprehensión de Mireles, algunos especialistas dijeron que hay un trato discrecional de parte del Gobierno federal.
“Es una cuestión de los arreglos no escritos. En la medida que Mireles desafía al gobierno federal se le empieza a aplicar la ley. Hay una uso discrecional, faccioso, del estado de derechos en el país, particularmente en Michoacán. Las acusaciones en contra de Mireles, como el uso de armas prohibidas de uso exclusivo del Ejército, todos los grupos violan la ley y no les hacen nada. Para mí esto es sintomático de un esquema y razonamiento discrecional que tiene el gobierno”, dijo Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana.
Si los grupos dejan de ser funcionales, se les busca neutralizar y se salen del esquema, se les aplica la ley. “El gobierno tiene que ser claro y explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando”, indicó Tirado.
Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió con Tirado y agregó que lo que sucedía en Michoacán y Guerrero, se trataba de un proceso de desmovilización, con un sesgo discriminatorio.
“Sí hay un trato diferente no justificado, aunque el gobierno puede decir que está justificado un trato diferente porque son procesos distintos, sí preocupa en tal caso que a las comunidades indígenas se les esté persiguiendo invisibilizando y a otros grupos no. Frente a demandas parecidas, hay un trato desigual, no razonable, eso es discriminatorio”, opinó.
En enero de este año Mireles pidió perdón al Gobierno y a su familia “por haberles faltado al respeto con sus palabras o acciones”.
“Aprovecho este mensaje para pedirle perdón al Gobierno de México y a sus instituciones oficiales y no oficiales, y a su estructura esparcida por todo el territorio nacional, por haberles faltado el respeto con las palabras o acciones, por haberlos ofendido con mis omisiones y desobediencia civil”, señaló Mireles en un mensaje difundido en redes sociales.
Con motivo del inicio de año, el doctor Mireles también pidió perdón por haber abusado “del pensamiento liberal y por haber alterado el orden político y social de Michoacán y de México”.
