Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- Michoacán se convirtió en el primer estado del país en aprobar una reforma judicial local, alineando su legislación con la reforma judicial federal que fue sancionada el pasado 15 de septiembre. A pesar de la polémica y la oposición que se manifestó en contra de la medida, el Congreso del estado avanzó con la votación que había sido propuesta por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Con un único punto en la agenda, la sesión legislativa resultó en la aprobación de la iniciativa impulsada por el gobernador, que busca modificar la estructura del Poder Judicial en Michoacán. Las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, y Asuntos Electorales y Participación Ciudadana dieron su visto bueno previo al pleno, permitiendo así la validación de la elección de jueces y magistrados, junto con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, tal como se estableció a nivel federal.
Durante la exposición de motivos, Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que la reforma permitirá un papel más activo de la sociedad civil en la toma de decisiones judiciales. Para él, esta reforma es clave para enfrentar la percepción de impunidad que existe en la entidad, ya que los jueces, al ser elegidos por la ciudadanía, estarán más comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, mejorando así la administración de la justicia.
Sin embargo, no todos en el Congreso estuvieron de acuerdo. Legisladores de oposición cuestionaron la premura con la que se aprobó la reforma, argumentando que no se dedicó suficiente tiempo al análisis del contenido y sus posibles consecuencias. Además, advirtieron que la votación contravenía una orden judicial que exigía la suspensión del proceso de reforma en los congresos locales, señalando que la medida podría perjudicar la autonomía del Poder Judicial en Michoacán.
En respuesta a estas críticas, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Congreso de Michoacán, aseguró que el proceso fue legal y necesario. Afirmó que, a pesar de los amparos presentados, la Constitución General obliga a los estados a adecuar sus leyes locales en un plazo máximo de 180 días, por lo que, según él, frenar la reforma habría sido incumplir un mandato federal.
El debate en torno a esta reforma refleja las tensiones que existen sobre el control y la autonomía del Poder Judicial, además de la manera en que se busca mejorar la impartición de justicia en el estado. Aún queda por ver cómo se implementarán estos cambios y si realmente lograrán los objetivos de transparencia y democratización planteados por sus impulsores.
