Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Jorge Reséndiz García, expresó su inconformidad sobre el desarrollo de la reforma judicial que se votará a más tardar el 23 de octubre en el Congreso del estado. En una serie de declaraciones, Reséndiz indicó que, aunque agradece la invitación a las mesas de trabajo por parte del Ejecutivo, considera que estas no fueron suficientes para analizar a profundidad las implicaciones de la reforma.
Reséndiz insistió en la necesidad de ampliar las discusiones para minimizar el impacto tanto en el Poder Judicial como en la ciudadanía. Propuso establecer mecanismos de selección más rigurosos que aseguren la capacidad y profesionalismo de los aspirantes a cargos judiciales, como la implementación de un curso evaluador previo a las elecciones.
En respuesta a las afirmaciones sobre corrupción dentro del Poder Judicial, Reséndiz subrayó que no existen denuncias formales ni procedimientos en curso contra jueces o magistrados de Michoacán, lo que, según él, desmonta la idea de corrupción en su entidad. Aseguró que, en caso de surgir alguna acusación fundamentada, se procederá conforme a la ley.
El magistrado también señaló la falta de espacios adecuados para expresar las inquietudes del Poder Judicial ante los legisladores, sugiriendo que el Congreso no ha comprendido del todo los procesos internos del sistema judicial en el estado. Por esta razón, solicitó que se les incluya en las próximas discusiones dentro de las comisiones de asuntos electorales y justicia, a las que la reforma ha sido remitida nuevamente.
Finalmente, Reséndiz aclaró que, aunque algunas de las propuestas hechas en las mesas de trabajo fueron consideradas, muchas otras fueron ignoradas. Los puntos aceptados, detalló, se relacionan con la preservación de los derechos laborales de los trabajadores judiciales y la continuidad de la carrera judicial para quienes ya están en listas de reserva. Sin embargo, dejó claro que aún hay aspectos pendientes que requieren mayor atención y análisis por parte de los legisladores.