Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de las reformas a los estatutos del PRI que permitieron la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del partido, lo que garantiza su permanencia en el cargo por cuatro años más. Esta decisión fue tomada en una votación dividida, donde tres magistrados se manifestaron a favor y dos en contra.
La resolución fue impulsada por el magistrado Felipe Fuentes, quien argumentó que era necesario abordar el tema para no afectar los derechos de los militantes del PRI y evitar que el partido quede en desventaja en los procesos electorales. Los magistrados Mónica Soto y Felipe de la Mata respaldaron esta postura.
El caso llegó al TEPJF luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se negó a pronunciarse sobre la validez de las modificaciones estatutarias del PRI, señalando que el partido realizó estas reformas durante un periodo prohibido por la ley electoral, ya que aún no concluía el proceso electoral federal. Ante esta negativa, el PRI impugnó la decisión del INE, argumentando que sus derechos partidistas estaban siendo vulnerados.
La magistrada Janine Otálora, quien se opuso a la validación de los estatutos, explicó que la ley prohíbe a los partidos modificar sus documentos básicos durante el proceso electoral y que el PRI violó esta norma al realizar una asamblea para reelegir a Alejandro Moreno dos días antes de la calificación de la elección presidencial.
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez también se mostró en contra de la resolución, advirtiendo que eximir al INE de revisar la legalidad de las reformas estatutarias afectaría su función y generaría una percepción de parcialidad en el Tribunal.
A pesar de estas objeciones, la Sala Superior del TEPJF asumió la plenitud de jurisdicción para resolver el asunto sin devolverlo al INE, con el argumento de que el PRI goza de una amplia discrecionalidad para organizar su estructura interna y que la reelección de Moreno no contraviene ni la Constitución ni la ley general de partidos políticos.
