Morelia, Mich. | Acueducto Online.-Trabajadores del sindicato del Poder Judicial del Estado se suman al paro nacional indefinido en contra de la Reforma al poder Judicial.
En el centro de la ciudad los trabajadores cerraron el Antiguo Palacio de Justicia en compañía de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Este paro se suma a la protesta nacional que inició el pasado nes 19 de agosto por la presentación de un nuevo dictamen sobre la reforma a dicho poder que propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los trabajadores manifiestan que se debe tomar en cuenta a los trabajadores del Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, para lograr una reforma estructural que aborde de manera integral la problemática del sistema de impartición de justicia en México.
Con una marcha hacia el Palacio de Justicia José María Morelos, señalaron que la reforma judicial enfrenta el rechazo de una oposición debilitada que parece dar gritos en el desierto, además de sectores de la sociedad civil que advierten un riesgo para la República y la división de poderes, en tanto, jueces federales apresuran acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y es que, más allá de la elección de juzgadores por voto popular, la reforma que se discute en México constituye una reconfiguración del Poder Judicial, que exenta a otros entes del amplísimo sistema de justicia, por lo que especialistas advierten que, con la bandera de la 4T de combatir la corrupción y los privilegios, el despido masivo de jueces irá en desmedro de la tutela de los derechos humanos.
Los cambios a la reforma
El dictamen de reforma al Poder Judicial mexicano, se presenta tras diálogos nacionales y más de 100 cambios a la iniciativa original del presidente López Obrador del 5 de febrero pasado, apunta a una serie de modificaciones clave en el Artículo 17 de la Constitución.
Entre ellas, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, el Senado perderá su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina corresponderá al recién creado Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.
La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, establece que sus sesiones serán públicas y determina la renovación rotativa de la presidencia cada dos años mediante votación.
La remuneración de los integrantes del Poder Judicial no podrá superar la establecida para el Presidente de la República y se prohíben la creación y operación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos.
Uno de los cambios más significativos es la reducción del periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Los Magistrados del Tribunal Electoral durarán en su encargo seis años, mientras que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito permanecerán nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva.
La propuesta de reforma también contempla que cualquier persona o autoridad pueda denunciar hechos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo ministros, magistrados y jueces, ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
En cuanto al proceso de elección ciudadana, se suprime el requisito de tener al menos 35 años cumplidos para ser ministro, magistrado o juez. Los candidatos deberán tener un título de licenciado en derecho con un promedio general mínimo de 8.0 y 9.0 en materias relacionadas con el cargo, además de al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica
El proceso de elección será coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que organizará las elecciones, realizará los cómputos, publicará los resultados y entregará constancias de mayoría. Las campañas tendrán una duración de 60 días y se prohibirá el financiamiento público o privado de las mismas, así como la contratación de espacios en medios de comunicación para promocionar candidaturas. Los partidos políticos y servidores públicos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de ningún candidato.
Para la primera elección de este tipo se abrirá un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, y los electos tomarán protesta ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.
