Opinión
Las decisiones “racionales” (utilitarias) de las oligarquías partidistas sobre la elección de sus candidaturas, no están ni cerca de las motivaciones que guiarán el voto de las y los ciudadanos en la elección del próximo 2 de junio, hace mucho que dejaron de considerarse las visiones instrumentales de costo y beneficio como parte de las explicaciones dominantes en el comportamiento electoral, por el contrario, la experiencia tiende a relacionar la decisión del votante con las emociones generadas por los candidatos y los partidos que les postulan, y que en todo caso en combinación, tanto con elementos del entorno, propuestas y programas que les impacten de manera directa, pueden favorecer la intención o rechazo del elector.
A veinte días de iniciadas las campañas electorales federales, pese a los llamados a votar de manera uniforme por los distintos cargos en disputa, en la que se dice la elección más grande de la que se tenga memoria; en el orden local, en los estados, juegan sobre el tablero otras apuestas distintas a las planteadas por las dirigencias nacionales desde el centro. Sino contrarias, sí colocadas en prioridades distintas.
De modo que, por sobre el objetivo del denominado plan C, impulsado por la coalición gobernante, para lograr mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, como por la intención de los partidos opositores, para reactivar la pluralidad democrática y los contrapesos; hay un interés primario, el de los poderes regionales (lícitos e ilícitos) y sus dinámicas locales.
Las distintas formas de participación de los partidos en el proceso electoral, particularmente de la oposición, coaligados para solo algunas candidaturas, y otras de manera individual, son síntoma de las tensiones locales, que, si bien por un lado actúan como demostraciones de poder, como manotazos, terminan por confundir tanto a los simpatizantes como al resto del electorado.
Las sucesiones de los gobernadores en turno, la reelección de las presidencias municipales, como el control de poderes económicos y caciquiles, que bajo incontables mutaciones partidistas han encontrado camino para permanecer vigentes, son también muestra de los complejos contextos locales.
Los procesos de selección de las candidaturas en los estados, aun sin concluir, se han convertido lo mismo para el partido mayoritario, como para los convenientes partidos que le circundan, en premio a la disciplina al régimen, para los internos “los bien portados” arropados por la marca del partido, pero también para los externos, pero impresentables, en posiciones privilegiadas en las listas de los partidos aliados, basta una revisión de los candidatos verdes en Baja California, Tamaulipas o Yucatán.
Del mismo modo, el juego de vencidas de las cúpulas locales y nacionales entre los partidos de oposición, visibles en los rompimientos de las coaliciones locales, derivados de la falta de acuerdos en la selección de candidatos, son prueba de esa sintomatología en los estados, como Michoacán, que desde luego con sus particularidades, apuntan hacia una alta dispersión del voto local, pero con un insalvable impacto federal.
Incluso ahí en el partido del presidente, aun con su sólido porcentaje de aprobación, pensar en el carro completo para los estados, un voto homogéneo para todos los cargos parece complicado, pues si bien, la amplia cobija de candidaturas ha logrado ir sanando las heridas internas; la diversidad de liderazgos locales que agrupa el partido mayoritario, dificulta una orientación o alineación única, incluidos los liderazgos de los gobernadores, que por solo serlo, cuentan con los recursos humanos y materiales para aceitar las maquinarias partidistas, y que con más o menos escalones, en su aportación para construir el segundo piso del proyecto lopezobradorista, tienen en juego, cimentar el proyecto de sus entidades federativas, su propio legado.
Permítame una perversidad política, que puede al final no serlo tanto. Los cálculos y las alianzas no formales de los actores locales pueden ser la válvula de escape, que propicie reencauzar los equilibrios institucionales democráticos, que junto con la valoración de los perfiles por parte del electorado, en los disímbolos contextos de las entidades federativas, cuya cercanía, trayectoria y simpatía no solo importan, sino que también pondera el electorado al momento de votar, sea otra vez de la periferia al centro, la trayectoria que permita redistribuir el poder político en el país.
