URBANÓPOLIS | Columna
(2da y última parte)
De forma paralela a los cambios acontecidos en la estructura administrativa central y paraestatal del ámbito federal, estatal o municipal, se impulsó una política de planeación con el objetivo de que los gobiernos pudieran dar continuidad a proyectos de la transformación a largo plazo.
En México puede afirmarse que no existe un organismo central de planificación, pero sí un sistema centralizado de planeación que mantiene, al menos en el discurso, los nobles objetivos de buscar un desarrollo más equilibrado del país, pretender una redistribución de la población, así como de la riqueza. Sin embargo, bajo la generalidad de estos objetivos, en cada sexenio se han definido e impulsado objetivos muy específicos de acuerdo con las prioridades planteadas desde el Ejecutivo.
Para lograr los objetivos planteados, principalmente de índole económicos, aunque también los hay de orden social o incluso territorial, el gobierno actúa como una fuerza a través de diversos organismos de la estructura central o paraestatal o descentralizada, para que se realicen funciones de programación y planificación que hacen posible la movilización de los recursos financieros, materiales, humanos del país.
Si bien cada sexenio ha tenido su sello, derivado de un interés específico, de manera general es posible identificar algunos cambios en las tendencias nacionales ligadas al desarrollo del país. Durante la primera mitad del siglo XX, el común denominador fue la idea del modelo que se calificó como primario-exportador, y que constituyó más que nada una política económica tendiente a la construcción de un Estado nacional fuerte, una etapa de acumulación y formación social capitalista, basada en el fortalecimiento del sector exportador de materias primas y productos agropecuarios en la economía mexicana, ligado a la búsqueda de una articulación de las diversas regiones que conforman el territorio nacional, donde la red ferroviaria y de comunicaciones, así como el sistema de energía eléctrica, constituyeron elementos claves para el impulso del sector industrial como motor principal del desarrollo económico. En este periodo se consolidó la Ciudad de México como el centro financiero, industrial, comercial y político más importante del país.
A partir de la década de 1970 la temática urbana se constituyó como la preocupación principal, tal vez por lo reciente (1976) de la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos, o debido a que México en la década de 1960, por primera vez, los mexicanos que viven en una ciudad constituyeron poco más del 50% del total de la población. De forma tal que se buscó modificar la tendencia de crecimiento de las principales urbes como México, Guadalajara y Monterrey, entre otras, para consolidar el sistema urbano-regional del país. Muestra del interés por impulsar el crecimiento de nuevos centros de población fueron inversiones en proyectos turísticos en Cancún, Huatulco, Bahía de Banderas, y otros, así como el establecimiento de polos de desarrollo como Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, Peña Colorada, en Colima y La Caridad, en Sonora.
Se observa que prevalece una visión de actuación a partir de los diferentes sectores que se atienden desde la estructura administrativa federal, en detrimento de las estrategias territoriales. Así se formaron entidades como la Comisión Coordinadora del Programa Nacional de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres (1977); una Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, en 1977; el Programa Integral para el Desarrollo Rural (1977-1982); el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, en 1978 (dio origen a la creación del (CONAHCYT), Comités de Programación Económica y Social; un Plan Nacional de Desarrollo Industrial (1979-1982); el Plan de Desarrollo Agroindustrial (1980-1982); un Programa de Energía (1980); el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero (1980-1982), el Plan del Sector Comercio (1980-1982), el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (1982).
A partir de 1980 adquiere relevancia lo ambiental, que estará vinculado a la cartera urbana al crearse la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en 1982; la Ley de Planeación (1983); los Comités para la Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE’s) en 1983; así como los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD’s), en 1983, y la consolidación de la preocupación ambiental se presentará con la publicación, en 1988, de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En la actualidad prevalece una tendencia general que comenzó en la última década del siglo pasado y que corresponde a la sustentabilidad, perspectiva que, si bien se origina en la crisis ambiental, por su naturaleza constituye una posición integral y abarcadora que ha venido a poner en tela de juicio las estrategias sectoriales y que, en buena medida, han propiciado contradicciones significativas, como el hecho de impulsar asentamientos humanos en sitios poco aptos, sin plenas condiciones para satisfacer las necesidades básicas como agua, drenaje, etc., lo que propicia una presión significativa sobre el entorno natural y sus recursos.
La búsqueda de la sustentabilidad ha permitido no sólo retomar, sino reivindicar el debate sobre el ordenamiento territorial, asumiendo que es en el territorio donde confluyen todas las acciones que se originan de las estrategias sectoriales. Esta preocupación territorial evolucionó hacia el concepto de desarrollo territorial.
Una evidencia de esta preocupación es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), que actualmente impulsa el Gobierno Federal, y que plantea como objetivo la dimensión espacial y territorial del desarrollo de México, en un horizonte de largo plazo. Sin embargo, prevalece la estructura sectorial por el hecho de que, de un universo de más de 20 secretarías que conforman la Administración Federal central, y poco más de 200 paraestatales o descentralizados, sólo una de ellas, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), es la responsable de dicha estrategia. En otras palabras, todas las demás siguen actuando desde una visión administrativa y no de planificación, mucho menos territorial.
