Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- El Programa de Recompensas de la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido objeto de críticas debido a su aparente ineficacia y un desequilibrio financiero notorio entre los gastos de difusión y las entregas reales de recompensas. Según datos obtenidos a través de Transparencia, la FGR gastó un total de 216 millones 122 mil 957.68 pesos en campañas publicitarias, mientras que solo entregó 51 millones 832 mil en 8 recompensas entre 2010 y el 27 de noviembre de 2023.
El programa, diseñado para incentivar a la ciudadanía a proporcionar información que conduzca a la captura de líderes criminales, ha enfrentado críticas por la falta de una estrategia efectiva de comunicación y socialización hacia la población. Especialistas en seguridad nacional argumentan que el problema radica en la ausencia de una política criminal clara y en la falta de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía.
Juan Manuel Aguilar, experto en seguridad nacional e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina (Cisan) de la UNAM, destaca la carencia de una política de difusión exitosa. Además, señala que el programa no es eficiente, ya que la meta gubernamental no es perseguir a los criminales, sino recibir información sobre su paradero.
Manuel Balcázar, especialista en seguridad nacional e investigador del Centro de Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM, enfatiza que la falta de confianza en las instituciones contribuye al fracaso del programa. La preocupación por la protección de la identidad y la falta de experiencia en la gestión de informantes también se citan como factores que afectan la participación ciudadana.
La controversia se intensifica al observar que los datos personales y la documentación generada se clasifican como información estrictamente reservada y confidencial, generando escepticismo entre la población sobre la seguridad de su colaboración. En resumen, el Programa de Recompensas de la FGR enfrenta desafíos significativos que van más allá de la oferta de incentivos financieros, requiriendo una revisión integral para mejorar su efectividad y ganar la confianza de la ciudadanía.
