Morelia, Mich. | Redacción.- En la madrugada del 24 de enero de 2024, los ocho militares acusados por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa fueron puestos en libertad. Estos elementos, adscritos al 27 Batallón de Infantería en Iguala, salieron del Campo Militar 1-A después de cumplir con el pago de una fianza de 50 mil pesos y entregar sus pasaportes como medida para evitar salir del país. A partir de ahora, los militares liberados deben firmar bimestralmente ante el juzgado y tienen restricciones que incluyen no acercarse al estado de Guerrero ni comunicarse con víctimas o testigos protegidos del caso.
La resolución de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, que revocó la medida cautelar de prisión para permitir el proceso en libertad, ha generado controversia. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la presentación de diversos recursos con el objetivo de garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas afectadas por este caso emblemático. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuestionó la decisión de la jueza, subrayando la gravedad de los delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
