Impugnan suspensión de eliminación de Fideicomisos

El gobierno de México ha presentado un recurso de impugnación contra la suspensión provisional otorgada a Magistrados y Jueces del Poder Judicial

(Foto | Especial)
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Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- Esta mañana el gobierno de México ha presentado un recurso de impugnación contra la suspensión provisional otorgada a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta suspensión temporal ha detenido la eliminación de 13 fideicomisos vinculados a este órgano judicial. El asunto ha sido turnado al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que decidirá si ratifica, modifica o revoca la decisión en los próximos días.

La jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, había concedido la suspensión provisional la semana pasada. Esta medida congeló alrededor de 15 mil millones de pesos destinados a la operación administrativa del Poder Judicial de la Federación.

La eliminación de estos fideicomisos fue aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Los recursos afectados se propusieron originalmente para el apoyo a la población afectada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha expresado su disposición para dialogar sobre la distribución de estos fondos. Sin embargo, ha señalado que primero deben resolverse los amparos presentados contra la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) que condujo a la eliminación de los fideicomisos.

La SCJN también ha recibido una acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición en contra de la reforma a la LOPJF. El ministro Javier Laynez decidirá si admite a trámite esta demanda en los próximos días. Mientras tanto, jueces federales han otorgado suspensiones provisionales en Chihuahua y la Ciudad de México en respuesta a amparos presentados por magistrados y jueces. La incertidumbre sobre el destino de estos recursos persiste, ya que el país se enfrenta a un proceso electoral en 2024.