Morelia / Redacción
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, reiteró su solidaridad con el trabajo de los defensores de derechos humanos que contribuyen a la protección de los derechos fundamentales y ayudan a construir el sistema democrático de nuestro país, y pidió romper el silencio contra las agresiones de niñas, niños y adolescentes.
Recordó su propuesta plasmada en la Recomendación General 25 de la CNDH, para que desde diferentes instancias se lanzaran campañas públicas en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y se haga énfasis en la importancia de su labor.
Crear conciencia del respeto a los derechos de estos luchadores sociales durante el ejercicio de sus actividades, sensibilizar a la población en general y especialmente a los servidores públicos que pudieran, por alguna razón, estar en contacto con ellos.
Al participar en la inauguración de la 1ª Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), llamó a generar y priorizar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia los defensores de derechos humanos, adoptando las medidas suficientes y necesarias para proteger sus derechos fundamentales.
González Pérez también convocó a las organizaciones de la sociedad civil, académicos y medios de comunicación a conjuntar esfuerzos para romper el silencio contra las agresiones sexuales de niñas, niños y adolescentes –abuso, acoso, violación, turismo, pornografía, trata, lenocinio y explotación—, con el fin de coadyuvar en el cambio de mentalidad de la sociedad para no ser permisiva, así como para que condene y denuncie toda forma de vulneración que afecte el pleno desarrollo de la personalidad de la niñez y adolescencia.
Señaló que el costo de la violencia contra niñas, niños y adolescentes es muy alto, por los graves daños y afectaciones que produce y sus efectos duraderos. Por ello, demandó dar prioridad a la prevención, identificación y acotamiento de los factores de riesgo que la generan o propician, que pueden ser de carácter social, económico, político o cultural.
“No podemos permitir –enfatizó— que nuestra niñez y nuestros adolescentes convivan, padezcan y condicionen su conducta al miedo, a la inseguridad. Debe llamarse la atención de las distintas autoridades para que se tomen medidas que garanticen sus derechos, se implementen políticas públicas integrales y articuladas en las que participe la sociedad civil y se privilegie la perspectiva de derechos y el interés superior de la niñez y adolescencia”.
González Pérez, puntualizó que “debemos trabajar, entre otras cosas, para prohibir todas las manifestaciones de violencia, incluido el maltrato como forma de corrección educativa; generar programas y campañas de educación, sensibilización y capacitación, con dimensiones de género, que combatan los factores de riesgo, así como toda práctica social o cultural que sea incompatible con los derechos humanos; mejorar las capacidades de quienes trabajan o conviven con niñas, niños y adolescentes; elaborar protocolos de atención especializados para atender a las víctimas, que evite su revictimización cuando han sufrido actos de violencia”.
Ante todos los reunidos en el Museo “Franz Mayer”, llamó la atención para generar indicadores que permitan compilar, analizar y difundir datos desglosados y confiables sobre la violencia contra este sector poblacional, y subrayó la importancia de considerar las recomendaciones que sobre el tema ha emitido el Comité de los Derechos del Niño y las observaciones finales al 4º y 5º Informes Consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Es prioritario –añadió— generar acciones para apoyar a las familias –mayormente a aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad— sobre la importancia de que empoderen y habiliten a sus hijas e hijos para la vida, que les enseñen a protegerse, a que conozcan y reclamen sus derechos y les orienten en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación para evitar un mal uso, o que pudieran ser víctimas de violencia a través de esos medios”.
Respecto de la construcción de entornos no violentos en el hogar, escuela y comunidad, detalló que la CNDH pone énfasis en la prevención y abatimiento de la violencia contra la niñez y adolescencia en centros escolares, tarea que requiere la intervención conjunta, responsable y articulada de autoridades, docentes y comunidad escolar. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de niñas y adolescencia a vivir una vida libre de toda forma de violencia, aseguró.
Tras reconocer el trabajo de la REDIM, especialmente para visibilizar el problema de la violencia en México, apuntó que encuentros como el que hoy inicia son muestra del interés por transformar nuestro presente.
En su oportunidad, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM, agradeció a las organizaciones que participaron en la 1ª Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que permiten tener esperanza de que los derechos fundamentales se hagan realidad.
El evento constituye una oportunidad para que el Programa Nacional sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes pueda incorporar de manera enfática y contundente la prevención de la violencia y restitución del daño. La violencia en su contra es injustificable.
Laura Vargas Carrillo, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), recordó que cuando asumió ese cargo, a nivel nacional había algunos puntos negativos en la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, situación que no era real, porque los mexicanos y mexicanas sabemos el valor de la niñez y siempre estamos cuidándola y buscando la manera de protegerla.
Lo que hacía falta, dijo, era articular estos esfuerzos que hacen las instituciones públicas y del sector privado, que tienen clara la importancia de que los niños y adolescentes crezcan en un ambiente de respeto, paz, armonía, y sin violencia, pues de la formación que reciban dependerá una mejor sociedad. Hizo mención la importancia que se unan a los esfuerzos y calificó la ley en la materia como un gran avance y una herramienta, que apenas es el piso de donde debemos partir para hacer realidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para que gocen del mismo trato y oportunidades, además del fortalecimiento de las medidas de protección a los menores de la violencia, subrayando el derecho a vivir en paz.
Más adelante Isabel Crowley, representante de UNICEF México, aseguró que el aumento en la violencia que enfrentan México y el mundo, atenta contra la vida de los niños, uno de los grupos de la población que requiere mayor protección.
En México dos de cada diez personas que se consideran desaparecidas son niños, niñas y adolescentes, cifra que preocupa y hay que ponerle toda nuestra atención.
Indicó que el Comité de los Derechos de los Niños revisó el cuarto y quinto informes del Estado mexicano en relación del cumplimiento de la convención y expresó en el 2015 su preocupación por la situación de la niñez, respecto al respeto a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo en contextos de violencia armada, tráfico y crimen organizado.
Comentó que es difícil imaginar lo que viven muchos niños, niñas y adolescentes que quedan en el desamparo, al perder a sus padres, lo cual cambia su existencia, por lo que es una prioridad nacional generar mecanismos de protección para ellos.
Por su parte, el Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derecho Humanos de la ONU, Jesús Peñapalacios, señaló que los estándares internacionales establecen que el estado debe brindar una especial atención a las niñas, niños y adolescentes, por su condición de vulnerabilidad.
Explicó que como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su condición exige una atención especial.
Expresó que partimos de un principio: ninguna forma de violencia es justificable y toda violencia es prevenible; no puede haber concesiones en el rechazo a la violencia contra la niñez.
“Todas y todos tenemos un deber ineludible de generar un cambio para mejorar esta situación”.
Martha Escalera Guzmán, presidenta de la Junta Directiva de Aldeas SOS, declaró que atender a la infancia es atender las necesidades más básicas de la humanidad, porque no hay edad en que dejemos de tener necesidad de amor, cuidado y de seguridad.
Lamentablemente entre más pequeño es el ser humano, más posibilidades tiene de vivir violencia y más grave. Aparentemente en México cada año aumenta en un 50 por cuento la cantidad y la gravedad de la violencia; la agresión cada vez es mayor.
Según la ONU, dijo, en el mundo existen 275 millones de niñas y niños que son maltratados con golpes, humillaciones y abandono.
En su intervención, Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pidió a las organizaciones de la sociedad civil ahí reunidas hacer un esfuerzo que permita el trabajo conjunto entre gobernantes y gobernados.
Destacó el trabajo de REDIM y su visión para promover un movimiento social y cultural para que niñas, niños y adolescentes conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos. Apoyó la labor de los defensores de derechos humanos y señaló que la Secretaría de Gobernación tiene las puertas abiertas parta trabajar de manera coordinada en esta materia.
Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, comentó que actualmente es muy diferente el contexto de violencia que viven los menores, ya que hay una violencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la publicidad, en el bullying, en la violencia intrafamiliar, la violencia institucionalizada, que se reproducen en cada rincón del país.
Indicó que hay condiciones adversas que tienden a normalizar este fenómeno y que es un peligro que los niños y adolescentes asuman que la violencia sea un mecanismo de relación humana, una forma de socialización o interrelación, o que la sociedad considere que es un estándar normal, no mayor que en otros países.
Afirmó que así lo ha asumido la sociedad en su conjunto, porque no hay una reacción grande, amplia, una alarma social, una reacción por la situación de violencia que viven y por la necesidad de poner un alto, combatirla, atajarla en todas sus formas, aunque ya hay mecanismos para detenerla, como la Ley General de la materia.
En este acto también se contó con la presencia en el presídium de Nelly Montealegre Díaz, Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF.
