Morelia, Mich. | Acueducto Online.- El caso de Vinícius Junior jugador emblema del Real Madrid tendrá un buen desenlace si así se concreta el nuevo mandato del misterio español quienes han emitido una nueva instrucción para fortalecer las facultades de la Policía en los estadios de fútbol, con el objetivo de abordar el creciente problema de los insultos y cánticos racistas en los partidos.
La instrucción otorga mayor autoridad al mando policial encargado de la coordinación de seguridad en los recintos deportivos, permitiéndole solicitar al árbitro la suspensión temporal o definitiva de un partido en caso de incidentes racistas graves, así como desalojar parcial o completamente el estadio.
Hasta ahora, el protocolo vigente en los estadios españoles era el establecido por la FIFA en 2017, que daba al árbitro la responsabilidad de decidir si se suspendía un encuentro. Sin embargo, este nuevo enfoque permite al mando policial tomar acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad y combatir actos de racismo en los estadios.
Está medida surge en respuesta a casos notorios, como el sufrido por el futbolista Vinícius Junior, quien ha sido objeto de insultos y cánticos racistas en varias ocasiones. El caso más destacado ocurrió el 21 de mayo en Mestalla, el estadio del Valencia C.F., donde el partido fue interrumpido debido a estos incidentes.
Tras la interrupción, el club valencianista fue sancionado y tres personas fueron detenidas por la Policía bajo cargos de delito de odio. La nueva instrucción busca evitar que este tipo de situaciones se repitan y garantizar un ambiente seguro y libre de discriminación en los eventos deportivos.
Una vez que la instrucción entre en vigor, se establecerán criterios claros para el coordinador de seguridad, figura policial responsable de los dispositivos de seguridad en los eventos deportivos. El coordinador podrá proponer la suspensión del partido al árbitro si se observan actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes en el público, así como el desalojo parcial o total del estadio en caso de alteración de la seguridad pública.
