Morelia, Mich. | Acueducto Online.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra perfilando la declaratoria de invalidez de la segunda parte del Plan B de reforma electoral, según lo revelado en un proyecto difundido por el ministro Javier Laynez. En este proyecto, se analizan más de 30 requisitos mínimos para validar un proceso legislativo, los cuales no se cumplen en este caso.
El proyecto de sentencia, que busca resolver la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) y las bancadas de legisladores de oposición, plantea que se presentaron irregularidades durante el proceso legislativo, lo cual conlleva a la necesidad de declarar su invalidez. De aprobarse este proyecto, las reglas electorales de 2024 se regirán por las mismas normas establecidas en 2018.
Para que el proyecto de sentencia de Laynez sea aprobado, se requiere al menos el apoyo de ocho votos de los 11 ministros que conforman la SCJN. En su proyecto, Laynez concluye que durante la discusión de la reforma electoral se vulneró el derecho de los legisladores a conocer las enmiendas propuestas y participar en el debate parlamentario, en detrimento de la deliberación democrática.
El documento señala que todas las violaciones identificadas en el análisis de la primera parte de las reformas electorales, que fueron invalidadas en mayo pasado, también se detectaron en este caso, ya que ambos decretos compartieron en general el mismo proceso legislativo.
En el presente caso, se encontraron graves violaciones adicionales al proceso legislativo. Por ejemplo, la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada sin que se notificara a los legisladores durante su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Además, se demostró que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados en sesiones anteriores, lo cual está prohibido por la Constitución Federal.
En caso de obtener la votación mayoritaria, las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, perderían su validez.
Estas reformas buscaban reducir la plantilla de integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, disminuir las facultades del INE en capacitación, organización y fiscalización, entre otros cambios. En caso de ser invalidadas, ninguna de las modificaciones al sistema electoral o las facultades del INE tendrán efecto, y el Instituto continuará siendo regido por las normas actuales.
