Metapolítica
Morelia, Mich..- Durante el último año del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Michoacán tuvo irregularidades financieras por 12 mil 46 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 43 millones no se comprobó su ejercicio y 3 mil 175 millones de pesos son de aumentos en pagos de servicios personales sin autorización; el resto, 3 mil 828 millones de pesos, son parte de anomalías en pago de nómina y contratos.
La información fue a dada a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), según información que publica el diario La Jornada.
En el caso de nóminas y contratos, se pagaron 212 millones 780 mil 800 pesos a categorías de personal no autorizadas, mientras que 526 millones 911 mil pesos fueron mayores a lo autorizado; incluso se pagaron 60.7 millones de pesos a trabajadores que anteriormente habían sido dados de baja o que tenían licencia sin goce de sueldo.
Silvano Aureoles, quien aspira a una candidatura presidencial por el PRD al interior de la alianza Va por México, es el exmandatario con más observaciones de parte del ente fiscalizador de la Cámara de Diputados, que informó que en su tercera entrega de la cuenta pública 2021 “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las participaciones federales, en contravención de la normativa aplicable en el ejercicio de los recursos fiscalizados”.
En lo correspondiente a dos auditorías en torno al ejercicio del gasto federalizado en la entidad, la ASF subrayó que las participaciones federales recibidas por el gobierno de Aureoles Conejo, las cuales ascendieron a 30 mil 408 millones de pesos, un grupo de 17 organismos del estado acaparó el mayor monto de fondos, por 2 mil 414 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.
La ASF considera que se trate probablemente de un daño o perjuicio a la hacienda pública, además de los “rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales”.
De los 2 mil 414 millones de pesos, poco más de la mitad corresponden al Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, el cual no informó el uso de mil 233 millones de pesos.
A decir de la ASF, el gobierno de Silvano Aureoles no ejerció una gestión adecuada de la legislación en materia de disciplina financiera, tampoco un buen ejercicio del gasto, todo durante el año en el que se efectuó la elección para gobernador.
Todavía al 31 de enero de 2022, el gobierno de Silvano Aureoles había dejado un saldo de 224.2 millones de pesos sin destino comprobable, ya que no se acreditó su existencia en las cuentas estatales.
Entre los 17 organismos que no comprobaron el destino del recurso están el sistema de Telebachillerato, con 182.1 millones de pesos; el Tribunal Electoral, con 99.7 millones de pesos; el Colegio de Educación Profesional Técnica, con 98.2 millones de pesos, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo, con 97 millones de pesos.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, además, aparece con un monto no explicado por 16.2 millones de pesos.
“El gobierno de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, al incrementar 3 mil 175 millones [de pesos] la asignación original de servicios personales y no presentar evidencia de autorización de ingresos excedentes por 5 mil 43 millones de pesos de libre disposición ni proporcionó la documentación de su destino”, subrayó la ASF.
Con información de La Jornada
