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Aquel 3 de enero del 2007, el Presidente Felipe Calderón salió de la cabaña que habitaba en Los Pinos, enfundado en prendas como las que usan los militares. Vestido así, abordó el avión presidencial TP-01 y voló a Uruapan, donde lo esperaba el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel. El objetivo de la gira era conocer los avances del Operativo Conjunto Michoacán: la llamada guerra de Calderón.
En Uruapan, un sonriente Cárdenas Batel no ocultó su sorpresa al ver llegar a su paisano portando chaqueta – al parecer una talla más grande – y gorra verde olivo. En el bolsillo derecho de la chamarra, Calderón llevaba bordado su nombre y apellido, y en la gorra el Escudo Nacional y cinco estrellas que lo distinguían como Comandante Supremo.
Después de cruzar algunas palabras, ambos abordaron un helicóptero y se dirigieron al Campo Militar 43, centro de operaciones de lo que fue la primera estrategia antinarco de la administración de Felipe Calderón, y la cual cumplía ese día sus primeras tres semanas de hostilidades, hostilidades que fueron avaladas por Cárdenas Batel, quien desde el 2018 es jefe de asesores del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El operativo había sido lanzado el 11 de diciembre del 2006, año en el que Michoacán registró más de 500 ejecuciones. Fue ese el año en que surgió el cártel de La Familia Michoacana, organización criminal que se presentó con la ejecución de cinco sicarios rivales, a los cuales les cortaron las cabezas para luego arrojarlas sobre la pista de baile del bar Sol y Sombra, de Uruapan, la noche del 6 de septiembre. Junto a las cabezas escribieron un mensaje a mano sobre una cartulina: “esto es justicia divina”.
En los primeros 22 días se desplegaron seis mil elementos del Ejército, Marina y Policía Federal Preventiva, apoyados en 19 aviones, 38 helicópteros, tres patrullas de intercepción aérea, una patrulla oceánica, 246 vehículos terrestres y 29 unidades caninas. Se instalaron 27 puntos de revisión carreteros, equipados con detectores de rayos gamma para buscar drogas, y 131 bases de operaciones para erradicar plantíos ilícitos.
“En este gran esfuerzo nacional, en el que ustedes están en la primera línea de batalla, lo que buscamos es detener el avance de la delincuencia”, dijo Calderón a las tropas, en su discurso desde el Campo Militar 43. Lázaro también dio un discurso: agradeció la incursión de las fuerzas armadas y reconoció que un operativo de esas características “era ya un reclamo de la ciudadanía en la entidad”. Nadie me lo contó, yo estuve ahí.
El informe que escucharon el panista y el perredista esa mañana, daba cuenta de 5 mil 23 plantíos de mariguana localizados y destruidos en 540 hectáreas, así como el decomiso de 6.2 toneladas de la misma droga y cuatro kilos de amapola; 127 armas largas y cortas, 32 mil cartuchos, 41 granadas y 35 vehículos.
Genaro García Luna – actualmente preso y bajo juicio por cargos de narcotráfico ante una Corte de Estados Unidos -, era el Secretario de Seguridad Pública. En calidad de ello, aseguró ese 3 de enero del 2007, que con el Operativo Conjunto se había logrado acotar la ola de ejecuciones registrada en la entidad y que se habían detenido los primeros objetivos prioritarios, entre ellos Fermín Barajas, hijo de Alfonso Barajas Figueroa, alias “Poncho Feo”, señalado en ese entonces como presunto líder del Cártel del Golfo en Apatzingán.
Han pasado 16 años y la onda expansiva de esa guerra ya alcanzó a Calderón. En la Corte donde se enjuicia a García Luna, su nombre apareció por primera vez el pasado martes en la voz de uno de los testigos, Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, quien afirmó que el panista y su Secretario de Seguridad dieron la orden de apoyar al Cártel de Sinaloa.
El expresidente bateó con un tuit las graves acusaciones. Afirmó que los dichos de Veytia son falsos y que nunca pactó con los narcos, esos narcos con los que, según una hipótesis también deslizada el lunes por el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, habrían sido protegidos en el calderonato y que, para él, por esa razón, el exmandatario tendría que estar, no radicando en España, sino en la Corte de Estados Unidos, “por barato, en calidad de testigo”.
El paso de los días nos dirá si, en efecto, Calderón es llamado a declarar o si, como dijo David Aponte, directivo de El Universal – en ocasión del señalamiento en ese mismo juicio, de que dicho diario recibía 25 millones de pesos al mes por parte de García Luna -, sólo es música para los oídos de López Obrador.
Cintillo
A la salida de Cárdenas Batel de la gubernatura en 2008, Felipe Calderón inició otra guerra, la desatada contra el gobernador entrante Leonel Godoy. Pero esa, diría mamá Goya, es otra historia.
