Morelia/Mario Hernández
A espaldas de la ciudadanía y de sus propios compañeros del Congreso, un grupo de legisladores encabezados por Salvador Galván Infante (PRI), Alfonso Martínez Alcázar (PAN) y Fidel Calderón Torreblanca (PRD), elaboraron, promovieron y aprobaron un decreto para Declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de Michoacán las corridas de toros.
De esta forma, este espectáculo, que ha sido prohibido en la mayoría de los países por su alto contenido de violencia hacia los animales, serán consideras como Patrimonio Cultural de las y los michoacanos.
A 18 legisladores no les importó la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas que han entregado al Congreso, las marchas en las que han participado miles de personas para exigir una legislación que promueva y respete los derechos de los animales y los resultados de encuestas que muestran que sólo una pequeña parte de la sociedad le gusta este espectáculo.
Tan sólo el año pasado, una casa encuestadora de prestigio nacional, expresaba lo siguiente: “Si sólo dependiera de la opinión pública, la tauromaquia en México estaría vetada”, dice Parametría como resultado de su última encuesta nacional en vivienda, la cual muestra que 73% de los mexicanos encuestados está en contra de la realización de la “fiesta brava”.
Tampoco les importó, a Alfonso Martínez Alcázar, a Fidel Calderón Torreblanca y a Salvador Galván Infante, que Michoacán cuenta con una Ley de Participación Ciudadana que brinda la oportunidad de consensuar entre la población algunos temas que impactan directamente a la comunidad, sobre todo en materia cultural y educativa.
No les interesó tampoco que desde hace varios años está en la congeladora legislativa la Ley de Protección y Bienestar Animal, que se han negado a discutir y aprobar principalmente por el tema taurino y la afectación que pudiera generar a muchos empresarios del ramo.
La aprobación de este decreto no sólo es una afrenta a la lucha de los grupos animalistas, sino a todos los michoacanos porque se impone, sin importar la opinión de la mayoría, gustos personales de un pequeño grupo de empresarios y políticos. La declaración de las corridas de toros como Patrimonio Cultural de Michoacán fue un acto totalmente antidemocrático, no sólo por la forma de presentarlo, sino porque lo votó menos del 50 por ciento de la Cámara.
Alfonso Martínez Alcázar, Salvador Galván Infante y Fidel Calderón Torreblanca deberán explicar los fundamentos para declarar como Patrimonio Cultural un espectáculo sangriento que no tienen raíces ni michoacanas ni mexicanas. Deberán explicar porqué se negaron a discutir abiertamente el tema y realizar una consulta popular para saber el sentir de la población.
Hoy Michoacán no sólo queda rezagado de la tendencia mundial y nacional que reconoce y promueve los derechos de los animales, sino como una entidad en donde se imponen los intereses particulares sobre la opinión mayoritaria.
El próximo año, muchos de estos diputados saldrán a las calles a pedir el voto y deberán explicarles a las y los ciudadanos porqué les dieron la espalda, por qué se negaron a reunirse con las organizaciones civiles, por qué condicionaban su voto por una Ley a cambio de este Decreto.
En mayo del 2013, en Sonora, luego de la petición de 18 200 ciudadanos, se prohibieron las corridas de toros. En Michoacán ignoraron todas las firmas y propuestas ciudadanas.
En noviembre de 2013, en Durango, por unanimidad, se prohibieron las corridas de toros por considerarlo un «espectáculo bochornoso». El Distrito Federal analiza la prohibición de las corridas de toros. En Michoacán lo aprobaron sólo 18 diputados.
En julio de 2014, el Congreso de Guerrero aprobó la Ley de Bienestar Animal, la cual prohíbe las corridas de toros, el uso de animales en los circos y las peleas de perros, además de que no permitiría el uso de caballos en las calandrias que circulan en la Costera de Acapulco. En Michoacán está «congelada» la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal.
