Mario Hernández
Unas semanas antes de la jornada electoral, Michoacán estaba considerado como «foco rojo» junto con Guerrero, Oaxaca y Chiapas; después de los comicios del 7 de junio el órgano electoral federal ha sido uno de los mejor evaluados y es candidato a recibir un reconocimiento por parte del Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) por los resultados obtenidos en la organización.
En entrevista, el Consejero Presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE en Michoacán, Joaquín Rubio Sánchez, manifiesta su satisfacción por los resultados obtenidos a pesar de los augurios y los pronósticos de algunos analistas, que advertían serios riesgos en la organización de las primeras elecciones concurrentes en el estado. Al final, no se registraron ni amenazas del crimen organizado ni boicot de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al menos que impidieran que los ciudadanos votaran para elegir gobernador, diputados locales y federales y alcaldes.
Si bien el sindicato magisterial impidió la instalación de casillas en cientos de escuelas, al final no fue impedimento para instalar el 100 por ciento de las casillas, lo que no ocurrió en los otros estados considerados «focos rojos» y eso, a pesar de que el 74 por ciento de los centros de votación en Michoacán se colocan en escuelas. El secreto fue tener sedes alternas para sortear el bloqueo que al final sólo ocurrió en 589 escuelas, de más de cuatro mil que emplean en los comicios.
Al hacer un balance del proceso electoral, Rubio Sánchez considera necesario ser autocríticos: si bien hubo aspectos muy positivos, también existen procesos que deben ser mejorados para que la organización de los comicios fluya sin contratiempos. Entre las ventajas de la concurrencia destaca inmediatamente el ahorro sustancial de recursos económicos: el costo por la capacitación e instalación de casillas hubiera ascendido aproximadamente a 58 millones de pesos entre ambas instituciones pero salió en 30 millones de pesos, lográndose de esta forma un ahorro casi del 50 por ciento.
Al ser cuestionado sobre los avances o retrocesos que se han registrado en una de las materias más importantes de la competencia electoral como es la fiscalización de los recursos, Rubio Sánchez reconoce que hay claroscuros: Hoy, a diferencia de años anteriores o incluso de legislaciones estatales, se han acortado los tiempos para emitir sanciones. Antes podían pasar años antes de una resolución y hoy pueden ser en 30 días y expone que tan sólo en multas a partidos políticos el INE impuso mil millones de pesos en todo el país.
En muchas ocasiones, comenta el funcionario electoral, los partidos manifiestan su plena disposición para transparentar sus gastos de campaña pero en la práctica no siempre es así y pone como ejemplo que con la nueva legislación, los candidatos pueden poner a disposición del INE sus chequeras (Chequera única: instrumento que los partidos políticos, a través de sus prerrogativas, solicitan a la autoridad electoral para pagar de manera directa los servicios de cualquier proveedor) para que sea el instituto el que se encargue directamente de sus gastos.
Nadie lo solicitó. Pero entre los aspectos que deben ser revisados y mejorados menciona la falta de información y conocimiento que el nuevo ordenamiento jurídico establece para cada institución. Hubo desconocimiento en comités Distritales y Municipales de las obligaciones y responsabilidades que establece la nueva legislación y que pudo evitarse si hubieran contando con más tiempo para capacitación.
Las competencias son claras: al INE le corresponde la entrega de credenciales a través del Registro Federal de Electores, la fiscalización de los gastos de campaña (aunque en casos excepcionales el instituto, con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos de los integrantes del Consejo General, podría delegar en los OPLES la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas), las pautas de radio y televisión y la capacitación y organización electoral, mientras que a los Organismos Públicos Locales (OPLES) el registro de partidos políticos locales, los observadores electorales y a ambas instituciones los representantes de partidos políticos.
Uno de los aspectos de la reforma que destaca Joaquín Rubio, es la estandarización de algunos procesos como la implementación del servicio profesional de carrera en los 32 OPLES del país, lo que permitirá no sólo uniformizar criterios, sino brindar mayores garantías laborales a quienes integran los órganos electorales, tal como sucede con el INE. Para ello, anunció que la convocatoria podría ser publicada en los primeros días de enero del próximo año.
En cuanto al comportamiento de los medios de comunicación, especialmente de radio y televisión, Rubio Sánchez reconoce que existe una sobreregulación en la materia pero que fue decisión de los partidos políticos después de los comicios presidenciales de 2006. Si bien tras la reforma de 2007 se registró un ahorro aproximado de 3 mil 200 millones de pesos por los spots que transmitieron los medios a cargo del Tiempo de Estado, habrá que hacer un análisis para determinar con claridad el beneficio que trae para los electores. En otros países de Europa o Estados Unidos la legislación es más permisiva y son democracias consolidadas. La ciudadanía mexicana no debe ser tratada como menor de edad, concluye.
