Michoacán, todo sigue igual

Foto: AFM

Morelia/Redacción

El sitio de Reporte Indigo publica un reportaje especial sobre las manifestaciones de los normalistas, los bloqueos y los paros de los maestros que continúan en el estado a poco más de dos meses y medio de que tomó las riendas de la administración Silvano Aureoles.

A continuación el referido texto:

Apoco más de dos meses y medio de la nueva administración estatal de Michoacán, los principales conflictos sociales no registran visos de solución, aun cuando la medida inmediata ha sido sacarlos de la agenda de los medios locales de comunicación.

Conflictos como la manifestación permanente de los normalistas, los bloqueos y paros de los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movilización de los grupos de autodefensa y la presencia creciente del crimen organizado, no han podido encontrar un cause con el que vislumbre una pronta solución.

A lo anterior se debe sumar la paralización administrativa por la falta de recursos heredada de la pasada administración, la deuda pública creciente y la falta de consenso en el congreso local para alcanzar un acuerdo que permita la renegociación de los pasivos oficiales con las instituciones de crédito.

Tampoco se ha podido poner solución –porque ni siquiera se ha reconocido como problema- al robo de minerales y la sustracción ilegal de estos, donde grupos delincuenciales siguen negociando con empresas chinas la venta de hierro, el que sigue saliendo sin ningún tipo de control por el puerto de Lázaro Cárdenas. De igual forma siguen operando al menos cinco grupos de guardias blancas que tienen las empresas extranjeras en la entidad, para el cuidado de sus intereses.

Aun cuando es cierto que todos esos conflictos fueron heredados no solo de la administración fallia de los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, sino de los periodos de gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, también cierto que el actual gobernador Silvano Aureoles Conejo ha sumado a la crisis michoacana la inestabilidad social de la zona indígena de la Meseta Purépecha.

Desde que asumió la nueva administración estatal, en la zona indígena se ha dado una movilización casi constante por parte de grupos sociales que recriminan la política oficial del gobernador Silvano Aureoles, la que se ha dado en reclamo de mayor seguridad pública, delimitación territorial para diversos grupos de comuneros y cese a la política de represión hacia los normalistas.

Frente a esta última situación, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha insistido en la necesidad de restablecer el estado de derecho, el que había estado ausente de la vida pública de la entidad en los últimos diez años. Ha dicho públicamente que ningún grupo social, por legítimas que sean sus demandas, puede estar por encima de la ley.

Pero la administración estatal ha guardado silencio en torno a la problemática que sigue viva sobre los grupos de autodefensa que siguen movilizándose y que a la fecha mantienen bajo su control al menos 53 localidades de 17 municipios del sur del estado, principalmente en la zona de Tierra Caliente y la Costa Sierra Nahua, en donde la presencia del crimen organizado no se ha visto disminuida.

Y es que de acuerdo al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el estado de Michoacán sigue siendo objeto de disputa, por el control de las principales rutas de trasiego de drogas, por parte de los carteles de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el Cartel Jalisco Nueva Generación, los que se han aliado con algunos grupos de civiles armados que se movilizan bajo el estatus de policías comunitarias y grupos de autodefensas.

A la fecha, entorno a la problemática de la inestabilidad social, que ha derivado en una guerra abierta entre los carteles de las drogas y los grupos de civiles armados, el gobierno estatal no ha asumido una política pública abierta. El gobernador Silvano Aureoles ha sacado de su discurso cualquier referencia que haga alusión a la violencia que no se ha disipado de la zona. Lo más cercano a una disposición oficial para atender este conflicto ha sido la petición oficial hecha a algunos directivos de medios locales de información, para que dejen de lado –como ya lo hicieron en otras ocasiones- la cobertura de los conflictos violentos en la entidad.

Mano dura a los normalistas

De todos los conflictos que afronta el estado, el único que ha sido provocado por la actual administración es el de los normalistas. Tras la decisión oficial de detener las acciones de protesta que ese grupo venía haciendo, en reclamo de plazas laborales automáticas y aumento de presupuesto a las escuelas normales, 53 estudiantes fueron detenidos y enviados a prisión.

A causa de ellos cientos de estudiantes, apoyados por comuneros padres de los detenidos, iniciaron una movilización en la zona de la meseta indígena, propiciando bloqueos de carreteras y toma de palacios municipales, lo que ha derivado en diversos choques con las policías estatales y municipales que intentan, sin éxito, restablecer el orden, haciendo a la región indígena una de las zonas más inseguras de Michoacán.

A la fecha de los 53 normalistas que fueron detenidos y sometidos a proceso por delitos graves, 22 de ellos, la mayoría mujeres, ya alcanzaron la libertad, aunque no se han librado de los procesos penales, los que seguirán afrontando en libertad. Los otros 31estudiantes permanecen recluidos en cárceles federales, por lo que la movilización de los que demanda su libertad continúa con bloqueos intermitentes en diversas carreteras del centro del estado.

Los CNTE, en pie de lucha

Los maestros de la CNTE, que representan casi el 90 por ciento del profesorado de la entidad, tampoco han encontrado un conducto de dialogo con la actual administración de Michoacán. Sus reclamos se centran en el establecimiento de una minuta mediante la cual el gobierno estatal ceda el manejo de la política pública de educación y una parte de los fondos destinados a ese renglón.