Samuel Ponce Morales | Acueducto Online.- Con la llegada del nuevo gobierno del estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, cambió la relación entre la autoridad estatal y las comunidades indígenas en el Estado.
Los cambios pasan por diversos aspectos, entre otros, por lograr encauzar el derecho humano de las comunidades originarias a ejercer el presupuesto directo, lo que significa un gran reto para la autoridad estatal. Y, muchos son los obstáculos que tiene para lograr afianzar la participación directa de las comunidades en la ejecución del presupuesto sin que el Ayuntamiento intervenga.
En principio la falta de legislación que permita canalizar el ejercicio del derecho y evitar las posturas políticas que entorpezcan el funcionamiento del nuevo modelo de gobierno; luego, la falta de una suficiente cultura social, pero sobre todo de la clase política en favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
La falta de comprensión y entendimiento de la forma en la que puede funcionar el presupuesto directo de las comunidades indígenas, ha provocado reacciones de los presidentes municipales y en general de los ayuntamientos, que temerosos de perder el recurso, están retando al gobierno del estado.
La posición política de algunos presidentes municipales como el de Erongarícuaro que no solo ha negado cualquier tipo de reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas, sino que además, presentó una controversia constitucional a efecto de evitar que se le obligue a transmitir el recurso a las comunidades indígenas.
Sin duda que la postura jurídica es adecuada, para ello están los diversos medios de control constitucional, esto es, revisar si los actos de las diversas instituciones públicas en el Estado mexicano cumplen con los parámetros constitucionales.
Sin embargo, aún en el caso de que el presidente municipal gane la controversia constitucional, ello no necesariamente refleja la realidad de una nueva cultura de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado.
Sea por vía de presupuesto directo o cualquier otra figura, la clase política en el Estado debe de transitar a un nuevo modelo de cultura política, de democracia y de sistema político, en el que los pueblos y comunidades indígenas sean participes directos de los beneficios de los recursos públicos.
Es así que, ganando la controversia constitucional puede perder mucho en la perspectiva político, primero por el alto componente que tiene en el municipio de Erongarícuaro las comunidades indígenas, segundo por la postura del gobernador del Estado, que ha dejado muy claro el apoyo total a esos pueblos originarios.
Hay que recordar que los presidentes municipales pueden reelegirse o postularse para diferentes cargos públicos, por lo que el hoy edil podría tener truncado su futuro de seguir con la postura política y jurídica.
