Lo dicho por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre la presunta corrupción que imperó en la construcción de siete cuarteles de la Policía Michoacán durante la administración silvanista es algo que sin duda debe investigarse a fondo.
Este presunto entramado de corrupción revela un importante desvío de recursos y además transparenta la manera en la que se hicieron negocios entre particulares, en este caso una empresa y autoridades del gobierno anterior.
Ramírez Bedolla precisó que se están armando los expedientes y que en breve se presentará la demanda para deslindar responsabilidades. Esperemos que sea así, pero en este caso no se debe actuar con ánimos de venganza sino de esclarecer los hechos, pues los michoacanos nos merecemos saber en qué se gastó cada peso.
De no aclararse este presunto desvío de recursos, debe caer todo el peso de la ley sobre él o los infractores. Ya es tiempo de que los gobernantes entiendan que no se puede manejar el erario a capricho ni, mucho menos, hacer negocios personales.
