En la clase política, no solo michoacana, pero si principalmente, hay desde nerviosismo hasta expectación sobre la decisión final en torno a los resultados de la elección a gobernador.
Aun así, los hasta hoy perdedores de esos comicios, los de la alianza PRI, PAN y PRD, mantienen una vela encendida, a diferencia de los ganadores, los de la coalición MORENA y PT.
Se ha calculado que será mucho antes del fin de este mes cuando den a conocer dicho resultado las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero, qué pasaría si se diera el hasta hoy lejano escenario de la anulación de las elecciones citadas, bueno, habría mayor crispación política sobre todo entre la alianza y coalición referidas.
Una crispación en la que, no solo se volvería a detener el desarrollo del estado, sino que se agudizaría la violencia por el arribo con mayor fuerza, nuevamente, de los poderes fáticos.
Y, dependiendo de la fecha de la decisión del TEPJF, ya sean los diputados locales salientes o entrantes, el Congreso de Michoacán se reencontraría con ser el que encauce de la gobernabilidad.
Tras la inesperada anulación de la elección, las horas siguientes serían de caos, políticamente hablando, los de la colación se irían a la yugular del pleno órgano electoral jurisdiccional federal.
Sin descartar manifestaciones en las calles, los alcaldes entrantes dejarían parcialmente sus labores para adentrarse con sus respectivos bloques partidistas en la organización de las extraordinarias.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Silvano Aureoles Conejo se volverían a enfrentar más ácidamente, aunque el segundo sin el poder del Ejecutivo michoacano.
Finalmente, para resumir hay que apuntar que una nulidad, en este caso electoral, es una penalidad, ya sea para los actores políticos por no haber respetado las reglas del juego, o para la autoridad que organizó la elección por no haber sido correcta.
Y más allá de este tecnicismo la penalidad sería para el pueblo michoacano que tendría que soportar de nuevo un proceso electoral, tendría que ver mermado su de por sí exiguo presupuesto, y sufriría la parálisis gubernamental y la distracción política de todos en su perjuicio.
