Morelia Mich| Acueductoonline.- Como es costumbre cuando se trata de derechos humanos de las mujeres, el Congreso del Estado de Michoacán ha ignorado la más reciente iniciativa que busca derogar el delito de aborto voluntario del Código Penal estatal. El día de hoy, primero de julio de 2021, venció el plazo de 90 días contemplado en el artículo 243º de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, que estipula que “las comisiones a las que se turnen iniciativas y demás asuntos a consideración del Pleno, deben rendir su dictamen al Congreso por escrito, dentro de los noventa días hábiles siguientes a su recepción”.
Al momento de su presentación, el diputado Octavio Ocampo Córdova, entonces presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se comprometió a tratar la iniciativa “de forma igual que cualquier otra que presente cualquier diputado o diputada, o incluso el propio Poder Ejecutivo”, así como a no desechar la iniciativa por falta de formalidad jurídica. Asimismo, celebró la organización de las 23 colectivas que integran ILEMich para redactar la iniciativa y así entablar un diálogo entre las mujeres y la legislatura. Finalmente, Ocampo Córdova se comprometió a permitir la participación de las promoventes en las mesas de debate que se generasen a partir del curso legal de la iniciativa.
Nada de esto sucedió. Por el contrario, fue necesario interponer un recurso de revisión ante el Instituto Michoacano de Acceso a la Información para que el Congreso diera respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que las colectivas presentaron para conocer el estado que guardaba la iniciativa y la fecha exacta del vencimiento del plazo. En un acto de omisión del cumplimiento a la Ley y de falta de respeto hacia la sociedad civil, la solicitud ciudadana fue desatendida; sólo se pudo obtener una respuesta cuando el requerimiento escaló hasta ser un mandato del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).
Apenas el día de ayer, 30 de junio de 2021, en un acontecimiento histórico, el aborto voluntario fue despenalizado hasta la semana 12.6 en el estado de Hidalgo, convirtiéndose así en la tercera entidad del país en reconocer este derecho sexual y reproductivo de las mujeres, junto con Oaxaca y la Ciudad de México.
En Michoacán, sin embargo, la lucha todavía no ha rendido frutos a pesar de los esfuerzos de miles de mujeres. Esta situación se debe, principalmente, a la indiferencia de las y los legisladores respecto al tema y al temor de afrontarlo por el costo político que, consideran, puede significarles garantizar derechos humanos de las mujeres ante los ojos de una sociedad sumamente conservadora y antiderechos, sesgada por la opinión moralista y católica.
Es de conocimiento público que la más brillante y audaz de las excusas esgrimidas para no legislar en este tiempo fue el periodo electoral; sin embargo, durante estos meses otras legislaturas de entidades también inmersas en procesos de elección, tuvieron tiempo y voluntad política para estudiar y dictaminar iniciativas equivalentes, como el caso de Baja California Sur e Hidalgo. Mientras tanto, nuestros legisladores continuaron cobrando su sueldo y no asumieron su compromiso público y legal de trabajar para la ciudadanía.
Las diputadas y diputados que han formado parte de la Comisión de Justicia desde la presentación de la iniciativa a la fecha, son: José Antonio Salas Valencia (PAN), Araceli Saucedo Reyes (PRD), Adriana Hernández Íñiguez (PRI), Fermín Bernabé Bahena (MORENA), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM), José Omar Alejandro Villanueva Morales (PAN) y Gigliola Yaniritziratzin Torres García (PRD). A ellos específicamente correspondía recibir, conocer, analizar y dictaminar dicha iniciativa y presentar el dictamen en los tiempos previstos por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado (artículo 64, numerales I y III), sin que durante el plazo legal hubiera una sola acción de su parte para atender el documento.
Los presidentes de la Comisión de Justicia, primero José Antonio Salas Valencia y luego José Omar Alejandro Villanueva Morales, no incluyeron la iniciativa en los órdenes del día de ninguna sesión de la comisión durante el plazo legal; sin embargo, el resto de los integrantes tampoco hizo nada por abordarla, aún cuando el artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso los faculta para convocar, como mayoría, a reuniones de comisiones.
Cabe hacer hincapié que Morelia es sede de un arzobispado católico, lo cual repercute de manera directa y negativa en la independencia y libertad del Congreso para tomar decisiones laicas y progresistas. En diferentes foros, sacerdotes y arzobispos han sido invitados a participar como ponentes, convocados a debatir en las mesas de diálogo y vistos entrando y saliendo del Congreso o bien en reuniones con diputados.
A pesar del contexto conservador, las colectivas feministas siguen en pie de lucha e insistirán hasta que el aborto voluntario en Michoacán sea un derecho reconocido y garantizado para todas las mujeres de la entidad.
ILEMich es un equipo de trabajo conformado por organizaciones, colectivas y activistas feministas, totalmente ajenas a partidos políticos e intereses electorales, que lucha por el reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo y los derechos sexuales y reproductivos, en Michoacán.
Mediante la derogación de los artículos 142 y 145 del Código Penal se busca la despenalización del aborto voluntario en el estado, una exigencia que se suma a la lucha global por el aborto legal, gratuito y seguro que millones de mujeres actualmente llevan adelante en decenas de países. ¡Por las maternidades deseadas: Aborto legal para Michoacán!