Morelia/Redacción
Hasta el momento, los diputados locales han sido incapaces de aprobar reformas y leyes faltantes para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán.
Y es extraño porque, por ejemplo, prácticamente de la noche a la mañana la mayoría de los legisladores dieron el visto bueno para la polémica Ley de Extinción de Dominio de la entidad.
Sin embargo, en el tintero congresista se han estancado o se procesan con demasiada lentitud cuando menos cinco leyes y reformas rumbo a la nueva justicia penal en el estado y que fue pospuesta para el próximo año:
1.- Leyes orgánicas, particularmente la del Poder Judicial y la de la Procuraduría General de Justicia.
2.- Ley de servicios previos al juicio y de protección a personas intervinientes en el juicio.
3. Ley de víctimas del Estado.
4.- Ley de Justicia para Adolescentes.
5.- Reformas a la Ley de Seguridad Pública.
Algunos de los marcos jurídicos citados se encuentra ya como iniciativas, otros están en bosquejo y los menos vamos ni siquiera han iniciado su respectiva elaboración.
Ese es el panorama que encontró la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow Rangel, durante su visita de trabajo a la capital michoacana.
A menos de un año del inicio de vigencia del sistema de justicia procesal penal acusatorio en Michoacán, en una reunión de trabajo, la funcionaria confirmó apoyo económico para el programa de acompañamiento a las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Ese respaldo se estableció consiste en la orientación que a través de una consultoría de expertos, se dará a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, para la reorganización y seguimiento de las acciones que se vienen desarrollando para la implementación del Nuevo sistema de justicia penal en Michoacán.
En la junta, estuvieron presentes los integrantes del Consejo implementador: el Presidente, Juan Antonio Magaña de la Mora, el magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, el consejero Jorge Resendiz García y la juez Amalia Herrera Arroyo, por el Poder Judicial; los diputados Cristina Portillo Ayala, Eduardo Orihuela Estefan y José Sebastián Naranjo Blanco, por el Poder Legislativo; el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, el Procurador de Justicia, José Martín Godoy Castro, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Bernardo Trelles Duarte, por el Poder Ejecutivo, así como la Secretaria Ejecutiva María de los Ángeles Llanderal Zaragoza y Javier Valdespino García, Director del Instituto de Defensoría Pública.
