Acueducto | Salvador Barajas
El proyecto para hacer de México un país de pobres supeditados y condicionados a los dictados de un todo poderoso está en marcha, la destrucción de las instituciones, la fe ciega y la demolición, piedra a piedra de la economía, van en esa dirección.
Los ricos serán más ricos, con su dinero en México o fuera de él, mientras la clase media ya en peligro de extinción, pasa a formarse en la cola de los subsidios y las becas ante la pérdida del empleo, México está sumido en la peor crisis desde hace un siglo.
Se desaparecen fideicomisos y mientras una voz declara que serán utilizados en salud, otra dice que serán para el mismo fin, pero directo de la caja principal del gobierno, se disminuirán las partidas presupuestales a los estados y municipios, se reduce el presupuesto a la educación y las demandas para atender problemas de salud como el cáncer o la propia pandemia de COVID-19 son cotidianas, el plan está en marcha.
Pero hay un punto en donde la austeridad no aplica y es todo lo que tiene que ver con la corrupción, la de antes por supuesto, la recién aprobada consulta popular para saber si se enjuicia o no a los ex presidentes, nos va a costar a todos los mexicanos, más de 8 mil millones de pesos. Una Justicia muy cara para un país de pobres ¿no?
Bastaría con que el gobierno presentara una denuncia y listo, quien deba de pagar que pague y seguro más de uno de los ex inquilinos de “los Pinos”, estaría inquieto, pero el camino a seguir es otro y es que estas consultas, no las tiene ni Obama.
Memoria
Han pasado cinco años desde que Silvano Aureoles asumió como gobernador de Michoacán, hoy el estado dista mucho de estar en la zozobra en que se encontraba un quinquenio atrás, hoy podemos hablar de estabilidad y de rubros sobresalientes como la salud y la infraestructura educativa, situaciones impensables cinco años atrás, el solo recordar que, en menos de un año, la casa de gobierno tuvo tres inquilinos, nos debe refrescar la memoria.
