Morelia, Mich./Nancy V. Herrejón.- En algunas prisiones del país se tomó la decisión de restringir las visitas a las personas recluidas, dicha medida afecta al 70% de los internos que dependen de los insumos y los recursos que les proporcionan sus familiares, así afirmó María Sirvent, directora de la organización Documenta.
“No queremos decir si está bien o mal que restrinjan las visitas por una cuestión de que no existan más contagios, porque a lo mejor sí es una medida responsable, sin embargo, junto con esa medida deben ir de la mano otras medidas responsables, como va a ser que la autoridad sí pueda proveer de todos los artículos que les dan las familias al interior (a los reclusos” expuso Sirvent.
Dicha mercancía va desde artículos de higiene personal hasta dinero que deben pagar dentro de las prisiones para garantizar su supervivencia.
La especialista consideró que para que este tipo de medidas sean funcionales se debe de garantizar la gobernabilidad del centro de reclusión, ya que en este contexto de coronavirus en otros países que han establecido la restricción de visitas como medida de mitigación ha generado disturbios al interior, inclusive llegando a motines.
En Sri Lanka, por ejemplo, la confirmación de casos de COVID-19 al interior de una prisión, sumada a la decisión del gobierno de prohibir las visitas del exterior, desató protestas de internos que exigían ser puestos en libertad para evitar el contagio; dos de ellos murieron en enfrentamientos con las autoridades.
“Es la visita la que provee todos estos utensilios, la que les lleva a los internos dinero, cigarros, muchas cosas que representan una moneda de cambio al interior, entonces, el restringir la visita y no mitigar las consecuencias, puede traer efectos muy graves, como son estos motines” detalló Sirvent.
Documenta, organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las personas privadas de la libertad, promovió el pasado 30 de marzo ante la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México una solicitud de preliberación de personas en centros de reclusión para garantizar su derecho a la salud e integridad ante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, conforme la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Esta medida se solicitó aplicar en los 13 penales de la capital, en los que hay aproximadamente 24 mil 850 personas privadas de la libertad: los centros de ejecución Varonil Norte y Oriente; el centro varonil Santa Martha Acatitla; los centros femeniles Santa Martha Acatitla y Tepepan.
También en los centros varoniles de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) y de seguridad penitenciaria I y II; la Institución Abierta Casa de Medio Camino; la Penitenciaría del Distrito Federal y los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur.
Con información de Animal Político, Documenta.
