Morelia, Mich./Nancy V. Herrejón.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que, de 2006 a 2018 se emitieron 50 sentencias condenatorias y 16 absolutorias en relación a 25 causas penales, esto en cuanto al número de sentencias por el delito de tortura. Sin embargo, esta cifra difiere con algunas de las sentencias reportadas por el Estado mexicano ante la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH).
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos (CMDPDH) solicitó la versión pública de las sentencias, algunas de estas se reportaron como de carácter reservado debido a que se encontraban todavía en trámite o tenían relación con delitos relativos a la delincuencia organizada.
Del análisis de las versiones públicas de las sentencias, la CMDPDH estimo que al menos seis están dirigidas a personal militar. Es importante mencionar que un gran número de las causas penales que originalmente se iniciaron por tortura, terminaron en sentencia por algún otro delito como homicidio, abuso de autoridad y/o inhumación clandestina de cadáveres.
Es evidente que la cifra de personas sentenciadas no atiende al número de víctimas que existen por este delito, se han iniciado 10,787 investigaciones penales por tortura a nivel federal y 16,555 a nivel estatal.
Aunque cada queja contempla por lo menos una víctima de tortura y/o malos tratos, sólo el 1.4% de las posibles víctimas de esta grave violación de derechos humanos ha sido inscrito al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y sólo el 38% de las víctimas registradas ha obtenido algún tipo de reparación.
De acuerdo a la información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al corte de 2018, 200 víctimas de tortura tuvieron acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por compensación por violaciones a derechos humanos, de las cuales 138 fueron víctimas directas y 62 víctimas indirectas.
Ante la inactividad del Estado mexicano para hacer frente al fenómeno de la tortura en el país, caracterizado principalmente por la falta de implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la CMDPDH ha hecho un llamado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales para la pronta y adecuada implementación de la Ley, así como la reparación y atención integral para las víctimas.
Con información de la CMDPDH.org, RENAVI, CEAV.
