Morelia, Mich./Nancy V. Herrejón.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el 21 de mayo la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, en la que se revela la tasa de víctimas de actos de corrupción aumentó pese a que la percepción de la misma presentó una leve reducción.
La percepción sobre la frecuencia de la corrupción en el país, de acuerdo con este estudio, pasó de 91.1% a 87% entre 2017 y 2019; en contraste, la tasa de prevalencia de corrupción a nivel nacional aumentó de 14,635 por cada 100,000 habitantes, a 15,732, un aumento de 7.5% en dos años.
Carlos Bravo Regidor, historiador y académico, explicó que “El cambio narrativo respecto a la corrupción no necesariamente implica un cambio efectivo y puede incluso terminar fungiendo como una máscara que le cambia al rostro, que oculta o que relativiza el fenómeno sin realmente hacerse cargo de él”.
Bravo, ha presentado una plataforma llamada #DenunciaCorrupciónCoronavirus, en la que podrán reportarse acciones corruptas que afecten o atenten contra cualquier persona para ser atendida o informada, más también el personal médico y demás también podrán denunciar.
Ya que, al poner bajo la lupa la atención que brinda el gobierno a los afectados por el COVID-19, emerge que la corrupción es un virus que no se ha erradicado y que durante esta coyuntura cobra mayor relevancia, expuso el académico.
Por ejemplo, hacia finales de 2019 en México había 306 obras hospitalarias cuya construcción se había dilatado y seguía inconclusa, 22 de ellas en los seis estados de la frontera norte: algo desfavorable para la población en el contexto de la crisis originada por la pandemia del Coronavirus.
Sólo la infraestructura en el norte del país suma una inversión de cuatro mil 254 millones de pesos sin utilizar.
La Secretaría de Salud federal durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto firmó tres convenios con los gobiernos de Rubén Moreira Valdez, en Coahuila; Rodrigo Medina, en Nuevo León, y Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas para construir y equipar hospitales de especialidades con recursos del fideicomiso del extinto Seguro Popular.
La inversión inicial autorizada para los tres nosocomios, para infraestructura y equipamiento, fue de 979 millones 037 mil 435 pesos, pero tras las modificaciones, los retrasos y las suspensiones de las obras, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto tuvo que realizar un nuevo desembolso de 875 millones 845 mil 533 pesos para concluir los proyectos. Casi el doble del costo original.
La dependencia encargada de administrar y operar los recursos del extinto Seguro Popular ahora transferida al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se logró documentar un esquema de violaciones y omisiones legales en que coinciden las diferentes dependencias de contratación de obra y adquisición de equipo médico en cada estado.
En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se repiten proyectos ejecutivos mal estructurados, retrasos en el pago de los anticipos a pesar de contar con el recurso autorizado, obras de mala calidad sin supervisión oficial y convenios modificatorios que se excedieron hasta en tres veces el plazo original para construir las obras.
También los tres estados del noreste repitieron la práctica de comprar el equipo médico antes de concluir la obra, material millonario que se encuentra empaquetado en bodegas y sin seguro contra riesgos.
Existe una alta probabilidad de que actos indebidos (como sobornos y compras públicas irregulares, o la opacidad en el tratamiento de información pública o de datos personales), se hagan presentes en medio de esta crisis, esto de acuerdo con el estudio.
“Ahora mismo y siempre la corrupción se estudia mucho desde la parte de la macrocorrupción, es decir, estos grandes desvíos de recursos que afectan a la sociedad en su conjunto, (…) casos que son tan escandalosos, tan grandes que tienen efectos no solamente en la parte económica sino en la parte política del país, pero hay otro elemento muy importante que es la microcorrupción” mencionó Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec Monterrey.
La microcorrupción –en palabras de Estrada- son los actos de corrupción que nosotros como ciudadanos diariamente sufrimos en nuestro trato con el Estado.
Por ello esta herramienta busca medir la experiencia de la microcorrupción, ya que hasta el momento no se conoce ninguna plataforma o medio que permita hacer esta medición. #Denuncia… pretende generar una alerta a las autoridades para que realicen las investigaciones pertinentes con base en las denuncias.
Con información de Animal Político, Infobae, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad
