Morelia, Mich./Acueducto.- El asesinato del defensor ambiental Adán Vez Lira en el estado de Veracruz el 8 de abril—el mismo día en que los restos del periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez fueron hallados en el estado de Guerrero—sirve como un recordatorio trágico de que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para personas que se dedican a exponer la corrupción y las actividades del crimen organizado, exigir justicia por los abusos de los derechos humanos y defender los derechos ambientales, territoriales y sociales. Estrategias para dar protección a los activistas y periodistas son más que necesarias, son urgentes.
México ocupa el cuarto lugar en asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos a nivel mundial. Los activistas ambientales enfrentan riesgos elevados: las personas que se dedican a oponerse a proyectos de desarrollo y la explotación ilegal de los recursos naturales constituían más de la mitad de las “Urgen estrategias de protección”asesinadas en México el año pasado.
La violencia contra esta población en México no es nueva: al menos 161 personas defensoras de los derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados durante la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
Al menos 12 periodistas y 26 personas defensoras han sido asesinados desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018.
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Los asesinatos han continuado aún después de que México empezó a intensificar el distanciamiento social y las medidas de salud pública en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Muchos periodistas y personas defensoras han enfrentado otros tipos de agresiones como amenazas de muerte, hostigamiento y ataques violentos en sus hogares o lugares de trabajo.
Por ejemplo, en los últimos meses, miembros del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, así como el periodista Ezequiel Flores, han recibido amenazas de muerte por un grupo de civiles armados de la policía comunitaria en Guerrero.
Esta no es la primera vez que miembros del equipo del Centro han enfrentado actos de violencia en relación con su trabajo. En diciembre de 2019, una de las abogadas del Centro, Teodomira Rosales, reportó haber sido golpeado y agredido sexualmente por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Luego, en febrero, reportó haber recibido llamadas amenazantes por un miembro de la Guardia Nacional.
La forma más efectiva de prevenir la violencia en el futuro es investigar y sancionar de manera efectiva los crímenes del pasado y enviar el mensaje de que no se tolerarán los ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) analizó datos de 10 fiscalías estatales, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a nivel federal.
El informe encontró que sólo el 3 por ciento de las investigaciones que las fiscalías estatales abrieron sobre delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos llegaron a los tribunales durante ese período, mientras que la mayoría terminó archivada o desestimada.
