Morelia, Mich./Acueducto.- El fallido operativo “Rápido y Furioso”, implementado en el 2009 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.
La ATF permitió que 2,500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con autoridades por el control de las calles desde hace varios años.
Este episodio histórico de la relación bilateral en materia de seguridad, dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de la venta y distribución de armamento y las consecuencias que esto puede conllevar para la sociedad civil tanto mexicana como estadounidense.
El escándalo estalló debido al hallazgo de dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa y que fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010 cerca de la línea entre Arizona y México.
El 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata. Se trasladaba del entonces Distrito Federal a la ciudad de Monterrey. Mientras su compañero Víctor Ávila resultó gravemente herido: Se comprobó que Zapata había muerto por disparos hechos con un arma de “Rápido y Furioso”.
Lanny Breuer, funcionario del Departamento de justicia de Estados Unidos, informó a investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México de miles de armas adquiridas ilícitamente en la operación, la cual era una polémica táctica llamada: dejar que caminen las armas.
Este episodio desató un enfrentamiento entre el congreso y el Poder Ejecutivo estadounidense acerca de documentos requeridos por los legisladores en sus investigaciones sobre la acción de un presidente.
En 2011, el Comité de Supervisión emitió un citatorio al procurador estadunidense, Eric Holder, para la entrega de documentos relacionados con la controvertida operación. Holder aseguró que al entregarse los documentos, se tendrían que revelar una serie de informes relacionados con el operativo, lo que según el fiscal sacaría a la luz información
