Morelia / Acueducto.- La reforma político-electoral 2014-2015 debe considerarse como una importante reforma, producto del gradualismo (reformas negociadas que buscan mejorar las condiciones anteriores del orden político-institucional), a partir de la necesidad de atender aquellos aspectos que cuestionaron el comportamiento de los actores y el funcionamiento del sistema electoral en las elecciones federales de 2012.
La reforma cumplió también con la tarea de integrar algunas leyes que habían quedado pendientes de la reforma política inmediata anterior del 2012 -aprobada en pleno proceso electoral-, las cuales requerían instrumentarse como leyes reglamentarias.
Más allá del objetivo que se tornó como el más relevante: modificar la estructura, atribuciones y andamiaje institucional del IFE, la reforma incidió en diversos ámbitos y estableció un nuevo marco normativo que definió nuevas y diferentes modalidades de participación ciudadana. Por esta razón, el objetivo principal de este artículo es analizar los cambios constitucionales y legales con el fin de explicar y discutir sus alcances, así como ofrecer una interpretación -limitada por razones de espacio-, sobre su significado político y sus implicaciones administrativas y de gobierno.
Aunque algunos de los temas centrales de dicha reforma fueron incorporados en los acuerdos del Pacto por México, en el rubro Acuerdos para la gobernabilidad democrática, en realidad esta reforma fue discutida y negociada en el Congreso a partir de las iniciativas presentadas en el Senado.
A finales de mayo de 2013 se instaló la mesa de negociación y elaboración de la propuesta de reforma política del Pacto por México. El 19 de junio Gustavo Madero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), asumió por segunda vez la presidencia rotativa de su Consejo Rector y formuló una estrategia que inició con el planteamiento de que dentro del marco de dicho Pacto se daría impulso primero a las reformas de carácter electoral que serían de aplicación inmediata y, después, a las relacionadas con el régimen de gobierno, cuyas modificaciones se pondrían en marcha hasta las elecciones presidenciales de 2018,como era el interés del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al PAN le interesaba impulsar tanto su propuesta de reforma energética como su propuesta de reforma político-electoral, teniendo como ariete la segunda vuelta electoral que en un momento decisivo fue rechaza por el PRI, mediante la aceptación de la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma política seguiría por dos vías: la del Senado y la del Pacto por México. Como sabemos, ambas reformas se consideraban prioritarias; sin embargo, la última fue ciertamente una “moneda de cambio” que el PAN -en la alianza con el PRD- le fue imponiendo al PRI, que no presentó propuesta pues esperaba respaldar la del presidente de la República y abrirle camino a las iniciativas en materia energética y hacendaria.
No obstante, el Consejo Rector del Pacto por México decidió no enviar al Congreso una iniciativa propia en materia de reforma político-electoral, debido a la falta de consenso al interior del mecanismo de concertación.
Así, el Senado tomó en sus manos la definición de la reforma político-electoral. El acuerdo fue que ambas cámaras elaboraran una sola propuesta con base en 38 iniciativas acumuladas en los últimos años, mediante las cuales el PAN y el PRD impulsaron la desaparición de los institutos electorales locales para crear el Instituto Nacional Electoral (INE), pues al PAN le interesaba fundamentalmente limitar la injerencia de los gobernadores y de las élites locales en los comicios de las entidades federativas.
