Morelia / Acueducto.-Uno de los fenómenos contemporáneos que más ha confundido a la opinión pública es el caso de las autodefensas de Michoacán, surgidas el 24 de febrero de 2013. ¿movimiento, paramilitarismo o caciquismo?… Basta una rápida mirada a los artículos de opinión que aparecen en los periódicos, noticiarios de televisión o sitios web, para dar cuenta de ello.
Por ejemplo, Facio dice que las autodefensas no son otra cosa que «grupos de paramilitares”. Beltrán del Río considera que es difícil comprar la idea de que las autodefensas son grupos que se hartaron del crimen organizado, sus armas y camionetas delatan otra cosa, parecen otro cartel.
Otros observan en las autodefensas una expresión auténtica de un reclamo social que algo que no puede asegurar el Estado: la seguridad. Krauze cree que se trata de grupos que oscilan entre el riesgo de la colombianización o fungir como un verdadero movimiento social que posibilite el arraigo de la democracia en Michoacán.
Escalante opina que las claves del conflicto son locales y obedecen a una crisis de mediación política: el viejo caciquismo se desmoronó con la transición y emergen nuevos brokers que buscan asegurar el orden local.
Antes del 24 de febrero de 2013 los agravios por la inseguridad en Michoacán ya habían dado lugar a una oleada de policías comunitarias, pero éstas se habían limitado en su mayoría a las poblaciones indígenas purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes de la entidad.
Ostula en 2009 y, en especial, Cherán en 2011 les mostraron el camino: formar guardias comunitarias armadas, de acuerdo con sus usos y costumbres y no confiar en las policías municipales.
Aunque el gobierno del estado sólo reconocía la existencia de 16 comunidades, según Abundio Marcos Prado, dirigente de la nación purépecha, son 25, y pronto serán más, pronosticaba el 18 de febrero de 2013, «porque nos estamos organizando”.
Desde hace varios años el crimen organizado generaba fuertes ofensas no sólo en las comunidades indígenas, también en otras regiones mestizas de la entidad, especialmente en la zona donde llevaba más tiempo operando, la Tierra Caliente. Agraviados por las excesivas extorsiones, asesinatos, secuestros y atropellos sobre la población, así como por la indefensión en que el gobierno estatal y federal los dejaba, decidieron seguir el ejemplo de los pueblos indígenas.
El lunes 25 de febrero de 2013 apareció en el periódico La Jornada una pequeña nota de su corresponsal en Michoacán, Ernesto Martínez Elorriaga, en la que informaba que el domingo 24, habitantes del poblado de La Ruana (cuyo nombre oficial es Felipe Carrillo Puerto), perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, se armaron y despojaron a la policía municipal de dos patrullas, de siete armas de fuego y procedieron a formar su propio cuerpo de seguridad.
La rebelión ocurrió a las doce del día, los inconformes se habían cubierto el rostro y estaban armados con pistolas y rifles de alto poder, aducían «que estaban cansados de extorsiones y amenazas de grupos criminales«. Las «cuotas de la mafia no nos dejaban ni para tragar», dijo uno de los que tomaron el pueblo. El ejército se había enterado de la rebelión, pero no se acercó a la comunidad. Dos horas después algo similar ocurrió en el municipio de Tepalcatepec. Sería hasta el martes 26 de febrero cuando también se sumaron 130 voluntarios de Buenavista Tomatlán.
Habían nacido las primeras autodefensas. En menos de un año se extenderían a toda la Tierra Caliente, a la Sierra, la Costa e incluso a municipios fuera de estas regiones. Se trataba de un movimiento social que clamaba por resolver un agravio que aquejaba a la población michoacana: su derecho a la seguridad y a una vida digna.
