Morelia / Acueducto
En el país 25 de cada 100 personas con discapacidades fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año, este grupo presenta la prevalencia más alta de todos los considerados. En el ámbito laboral son más susceptibles a no tener empleo o a trabajar en condiciones de desprotección.
En México viven alrededor de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente al 6% de la población total. Pese a los esfuerzos realizados, de orden nacional e internacional, en erradicar la discriminación este grupo continúa siendo uno de los más rezagados y vulnerables en términos sociales y económicos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país (mayores de 12 años) fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año, la prevalencia más alta de todos los grupos vulnerables. Afirman ser mayormente rechazados en la vía y el transporte públicos, dentro de su familia y cuando requieren de algún servicio médico.
En México de cada 100 personas con discapacidad mayores de 15 años sólo 40 participan en actividades económicas, una cifra significativamente menor que la registrada para las personas que no presentan limitaciones o discapacidades (70 de cada 100). Esta situación expresa la segregación de este grupo poblacional en un primer paso, el acceso al empleo.
Los hombres de entre 30 y 59 años con algún tipo de discapacidad son los que más acceso al trabajo tienen, 73.5% participan con alguna actividad económica. El grupo más afectado son las mujeres mayores de 60 años cuya participación llega apenas a 14.9%, de acuerdo con las cifras del Inegi.
En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que este grupo deberá disfrutar de condiciones adecuadas para acceder al empleo y la seguridad social. El ejercicio efectivo de este derecho se encuentra limitado por procesos de discriminación que impiden a los discapacitados acceder a empleos, o en su caso, a empleos en donde se garanticen sus derechos laborales, de acuerdo con el documento sobre discriminación estructural del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
La discriminación estructural surge del proceso de limitaciones agregadas que disminuyen o anulan las oportunidades de las víctimas. No sólo violenta el goce pleno de los derechos humanos de las personas, también limita la movilidad social de los grupos vulnerables.
