Encaminado a que la racionalidad del gasto sea obligatoria para los Poderes del Estado, y a todos aquellos entes que obtienen y ejercen recursos públicos, el diputado Adrián López Solís, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, presentó la iniciativa de Ley de Racionalidad del Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios.
Con lo anterior, expuso, se va más allá de la moda de la austeridad, porque los principios de sobriedad, honradez, legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas serán obligatorios en el ejercicio de todo gasto público.
Esta Ley obligará a que todos los entes públicos cuenten con un Programa Anual de Racionalidad y ahorro el cual deberá establecer claras metas y objetivos al mismo tiempo que obligará a que estos programas sean publicados y transparentados bajo las reglas de transparencia y acceso a la información vigentes.
Al hacer uso de la tribuna de la LXXIV Legislatura Local expuso que con esta iniciativa de Ley se busca que la racionalidad del gasto sea obligatoria para los Poderes del Estado, sus dependencias, organismos descentralizados y entidades, así como también a los organismos públicos autónomos, los ayuntamientos, sus dependencias, organismos públicos municipales, fideicomisos, es decir todos aquellos entes que obtienen y ejercen recursos públicos.
“Esta Ley obligará a que todos los entes públicos cuenten con un Programa Anual de Racionalidad y ahorro el cual deberá establecer claras metas y objetivos al mismo tiempo que obligará a que estos programas sean publicados y transparentados bajo las reglas de transparencia y acceso a la información vigentes”.
Adrián López señaló que la iniciativa de Ley, recoge y propone las demandas más sentidas de la población, tales como que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República; cancelar todo bono o percepción adicional a funcionarios; restringir la contratación de seguros médicos privados; eliminar contratación de secretarios particulares; limitar la contratación de servicios de consultoría y asesoría; y sujetar la contratación de personal eventual y/o por honorarios a la estricta disponibilidad presupuestal y a la justificación de la misma, entre otros.
