Morelia/Gabriela Molina
Al igual que sus antecesoras en diferentes regiones del mundo, las mujeres en México fueron excluidas del sistema democrático. En términos generales el estatus legal y civil de las mexicanas fue similar antes y después de la Independencia de México frente a la Colonia española en 1810, ya que no gozaron de ciudadanía ni tuvieron libertad para elegir estado civil, profesión u oficio ni de ingresar a las universidades o colegios de educación superior salvo contadas excepciones; fueron víctimas de violencia conyugal, no tuvieron capacidad de ahorro, capital o propiedades.
Así, el destino de la población femenina solía ser el matrimonio, el convento, la servidumbre o la esclavitud (Molina-Enríquez, 2009:91-95).
– El Sufragio en México
La historiadora Enriqueta Tuñón, en su investigación titulada Por fin… ya podemos elegir y ser electas (2002) y el documental Las Sufragistas de Ana Cruz[1] ponen al descubierto el esfuerzo de las mexicanas por la obtención del sufragio que comenzó en 1916 y culminó en 1951, año en que se publicó el decreto respectivo.
Hermila Galindo, secretaria particular del presidente de la República Venustiano Carranza (de 1917 a 1921) solicitó a los constituyentes derechos políticos para las mujeres. El documento exponía:
“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres; la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado…La nación y el mundo, están pendientes de vuestras labores” (Tuñón, et.al, p.35).
Como se lee, los argumentos no eran tan diferentes al planteado tiempo atrás por Olympe de Gouges o Stuart Mill, sin embargo, dos siglos después, la Constitución de 1917 de México[2] negó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Tuñón describe que los razonamientos fueron que las mujeres no presentan interés en el asunto de ir a votar pues “no había un movimiento en este sentido”, no están preparadas y sus intereses estaban en el hogar y la familia. Dichas ideas fueron recurrentes por casi 35 años bajo la reiterada exposición de vulnerar la unidad familiar. En ese momento, apenas en una decena de países las mujeres podían votar[3]. En la Constitución quedó la siguiente redacción:
Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I.- Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son; II.- Tener un modo honesto de vivir.
Al respecto, uno de los constituyentes señaló:
“El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos, está el nombre genérico (…) yo deseo que se aclare en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro que se organicen para votar y ser votadas”[4]. Bajo esta redacción genérica, Hermila Galindo se postuló como candidata a diputada y, obteniendo la mayoría de votos, el Colegio Electoral no la reconoció. Ella sabía que esto sucedería, pero se trataba de retar a la autoridad y demostrar lo injusto de la norma. (Tuñón, 2006: 37).
En este mismo periodo, en 1916, se organizó el “Primer Congreso Feminista” en el estado de Yucatán con amplias perspectivas dado que en 1914 se había promulgado la Ley de Divorcio –en países como Chile se obtuvo hasta el 2004[5]. Aunque los resolutivos no demandaban el sufragio, sí incluían la idea de romper el yugo de las tradiciones, otorgar mayor educación y abrir las puertas de todos los campos de acción: “la mujer del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste para ser elemento dirigente de una sociedad”[6]. Por sus planteamientos, el Congreso fue un importante antecedente del movimiento feminista en México[7].
En las décadas de los años veinte y treinta surgen organizaciones de mujeres con objetivos diferentes que, sin embargo, comparten la lucha por alcanzar el reconocimiento de sus derechos políticos. Entre 1922 y 1922, el estado de Yucatán -bajo la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto- se otorgó el derecho a votar y ser votada en el ámbito municipal y estatal. En las entidades federativas de San Luis Potosí y Chiapas se dio el derecho en 1924 y 1925 respectivamente.
De acuerdo al recuento que realiza Enriqueta Tuñón (2002) los argumentos para seguir negando el derecho eran que la mujer era ignorante, que su actuación era peligrosa para el país o que perderían el “decoro” al enfrentarse al medio político. En Latinoamérica y en México no se emprendieron acciones radicales como los experimentados por las inglesas o las estadunidenses, pero sí se retomaron diversos de sus argumentos. En este periodo también nacen cuatro grupos en favor de los derechos que las mujeres, no necesariamente políticos: la Liga Nacional Femenina, el Club Internacional de Mujeres, el Ateneo Nacional de Mujeres y la Unión Nacional de Mujeres (p.39).
Más tarde, en 1935 se funda el Frente Único Pro Derechos de la Mujer que da vida al Consejo Nacional Femenino por el Sufragio. Llegaron a tener 50 mil afiliadas y su demanda principal fue alcanzar el voto.Las estrategias empleadas fueron diversas: organizaron mítines, manifestaciones y conferencias, también amenazaron con quemar el Palacio Nacional y realizaron una huelga de hambre frente a la casa de Lázaro Cárdenas del Río –Presidente de México de 1934 a 1940. En respuesta, Cárdenas prometió enviar al Congreso la iniciativa de reforma. En su propuesta expuso que no existía peligro de que las fuerzas conservadoras ejercieran una influencia peligrosa para las mujeres, como se temía en la época previa a la Segundo Guerra Mundial (Tuñón, et.al. 45).
La historiadora Enriqueta Tuñón describe que el texto presidencial agregaba que eran ciudadanos tanto hombres como mujeres. La iniciativa fue aprobada por los diputados y la enviaron a los senadores, quienes transitaron de una idea favorable a una negativa al conocer que la mayoría de mujeres votó por la derecha en España en 1933. Al mismo tiempo, el presidente Cárdenas recibía felicitaciones de grupos internacionales como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) – que dependía de la Unión Panamericana– y de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, entre otras. Así, las mujeres consideraban que serían ciudadanas y mostraron su disposición con el Estado invitándolas a sumarse a las organizaciones del partido oficial y del gobierno. Sin embargo no se publicó la reforma por temor de que el partido oficial perdiera las siguientes elecciones (p.46-48).
“Amalia Solórzano de Cárdenas opina que seguramente el general -como ella le llamaba- tuvo varios motivos para detener el trámite. Era una época en la que sucedieron muchísimas cosas en poco tiempo: la expropiación petrolera, se acercaba la Segunda Guerra Mundial, la creación del Partido Acción Nacional (PAN), entre otras; todas, en conjunto, influyeron para aplazar la decisión de otorgar el derecho al voto a las mujeres” (Tuñón, 2002: 49).
Algunas de las líderes del movimiento del Frente se fueron integrando al organismo femenil del partido oficial –llamado Partido Nacional Revolucionario (1928-1938) inicialmente; Partido de la Revolución Mexicana (PRM, 1938) después y finalmente el ahora Partido Revolucionario Institucional (PRI), 1948)-, debilitando la lucha por el sufragio. “Su error había sido no mantener una lucha autónoma; cuando se incorporaron al PRM, el Estado privilegió sus intereses por sobre las demandas específicas de las mujeres, demostrando con esto que sólo de manera independiente, las mujeres debían llevar a cabo la organización y movilización por el voto” (Tuñón, et. Al p.51). En los siguientes años, algunas mujeres publicaron artículos exigiendo este derecho. Destaca el trabajo de Esther Chapa (1904-1970) -médica, escritora, sindicalista y feminista- quien por 22 años consecutivos hizo la solicitud al Congreso al inicio del periodo de sesiones.
En1940 llegó a la presidencia Manuel Ávila Camacho por el partido oficial, PRI. En su campaña sólo incorporó una propuesta sobre la tenencia de la tierra para las mujeres y consideró inconveniente otorgar el derecho al voto. En esa época los únicos grupos que mantuvieron cierta beligerancia en la lucha por el sufragio fueron el Bloque de Mujeres Revolucionarias encabezado por Estela Jiménez, quien continúo con el programa del Frente y el Comité Coordinador por la defensa de patria, dirigida por María Rocha.
También apareció el Comité Interamericano Pro Democracia, presidido por Amalia de Castillo de Ledón (1898-1986), promotora cultural y destacada política mexicana. Ella fue representante de México en espacios internacionales y una estratega por alcanzar los derechos de la mujer en general, y el derecho al sufragio en particular. Tuvo intervenciones relevantes en la Comisión Interamericana de Mujeres[8] y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Comisión del Status de la Mujer (CSM)[9] en las que denunciaba la situación de las mexicanas y la importancia de obtener el voto. Su activismo e influencia en un contexto adverso es valorado hoy desde una perspectiva histórica feminista[10].
Sin embargo, con el paso del tiempo, la igualdad por los derechos políticos desapareció por algunos años del debate nacional, lo que constituyó un revés para el movimiento entró en un proceso de debilitamiento (Cano, 2009: 289).
Sobre este periodo -los cuarenta del siglo pasado- Enrique Tuñón (2006) considera que las mujeres Latinoamericanas recurrieron más a las conferencias internacionales que a las movilizaciones en sus respectivos países; utilizaron los recursos a su alcance pero se daban cuenta que la presión internacional era un mejor instrumento, por lo que aprovecharon el llamado de la ONU para incluir en los procesos de paz y la democracia a hombres y mujeres (p.61).
Gabriela Cano (1991) narra que fue electo un nuevo presidente Miguel Alemán -1945- quien tampoco tuvo un compromiso con las mujeres para otorgarles el derecho al voto. Empero, en febrero de 1947, se reformó el artículo 115 constitucional para otorgar el voto a nivel municipal bajo la lógica “que la demanda de las mujeres por la participación electoral fue entendida como una extensión del mundo público del papel doméstico de la mujer en la esfera privada” (p.290).
El voto municipal abrió la posibilidad de ampliar el derecho al ámbito federal durante la campaña de Adolfo Ruiz Cortines, quien ganó las elecciones para ser presidente de 1952-1958. En cumplimiento a dicho compromiso, el 17 octubre de 1953 se publica en el Diario Oficial el decreto que reconoce a las mujeres como ciudadanas, permitiendo el goce y ejercicio de su sus derechos políticos.
Cuando las sufragistas obtienen este derecho, México es una sociedad con apenas 25 millones de personas, de las cuales 13 eran mujeres. La lucha se liga al partido oficial y no logra ser un movimiento autónomo ni masivo. En las primeras décadas, el esfuerzo de las sufragistas estuvo limitado por las circunstancias históricas del momento, subyugado a debates sobre la Expropiación Petrolera o la Segunda Guerra Mundial y después por la falta de sensibilidad ante una demanda que se extendía por el mundo: el sufragio femenino.
Las protagonistas de ese casi medio siglo de lucha fueron muchas, entre otras, Elvia Carrillo Puerto, feminista, sufragista y primer legisladora por el estado de Yucatán en 1925; Esther Chapa, Soledad Orozco y Refugio García, primeras candidatas a diputadas por León y Uruapan respectivamente, así como la cantautora y creadora del Instituto de Folklor de Michoacán, Concha Michel -entre otras activistas, pioneras feministas, feministas en campaña, rebeldes mexicanas.
[1] Documental dirigido y producido por Ana Cruz, México, duración 77 minutos, 2012
[2] Venustiano Carranza proclamó la Constitución el 5 de febrero de 1917, con el intento de poner fin, simbólicamente, al violento e inestable periodo de la Revolución Mexicana que comenzó en 1910. A mediados de 1917 el país sufría las consecuencias de la prolongación de una guerra civil: destrucción del campo, las ciudades, vías férreas, etc. El nuevo texto jurídico establecía claros derechos para los trabajadores y campesinos. Sobre este periodo ver: Ulloa, Bertha, La lucha armada, en el Colegio de México, Historia General de México, 2004, p. 757-817.
[3] Los países donde las mujeres y4 tenían derecho a votar eran:
[4] Citado por Enriqueta Tuñón del Diario de Debates del Congreso Constituyente
[5] Disponible en: www.latinamericanstudies.org/chile/divorcio/htm. Consultado en 17 de octubre, 2014.
[6] Cf. Participación política de la mujer en México.Siglo XX. Instituto de Capacitación Política, México, Serie Antologías, 1984, p.11(No aparece autor)
[7] Cfr. Cano, Gisela, et. al.
[8] Este organismo se creó en 1923, después de la Conferencia Internacional Americana de Santiago de Chile
[9] La Comisión del Status de la Mujer (CSM) era una entidad asesora del Consejo Económico y Social, pero dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En su intervención en 1947 Amalia Castillo expuso las desigualdades que existían en México En, Tuñón, et.al.p.57
[10] Cano, Gabriela, Amalia Castillo de Ledón: mujer de letras, mujer de poder. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, México, 2011.
