Arantepacua, Nahuatzen / Héctor Tapia
Los habitantes de Arantepacua, a casi un año de distancia de la incursión policial a la comunidad, exigen que haya justicia, que no haya impunidad y se castigue a las autoridades que fueron responsables del operativo que costó la vida de cuatro pobladores, entre ellos un joven bachiller de 16 años.
Ante esto, los integrantes del Concejo Comunal remarcan que aún “se siente a flor de piel la inconformidad, la impunidad. El gobierno no ha mirado, no ha querido atender este asunto”.
Adán Hernández Crisóstomo, de Asuntos Indígenas del Concejo Comunal, señala que la población siente tristeza combinada con rabia. “Un año y no se ha metido a la cárcel a los asesinos, a los responsables, tanto materiales como intelectuales”, remarca.
Quienes perdieron la vida ese 5 de abril del año pasado fueron: Francisco Jiménez Alejandre, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Santiago Crisanto Luna y Luis Gustavo Hernández Cohenete, que tenía 16 años.
Mientras que Alejandro Crisóstomo Valdés, el encargado de Asuntos Civiles del Concejo, explicó que si bien se interpusieron las denuncias correspondientes, “hasta ahorita no hay avance”, por eso es que se está proyectando la protesta en Morelia, para presionar, ya que “el gobierno se hace de la vista gorda”.
Para Alejandro aún sigue sin explicación el motivo del por qué “vinieron de esa forma” y también sigue sin entenderse qué es lo que quería el gobierno con Arantepacua con ese operativo que no sólo dejó cuatro muertos de ese día sino –asegura-, otros fueron pereciendo semanas y meses después a partir de las causas derivadas de este operativo.
Crisóstomo Valdés es uno de los comisionados de la comunidad que estuvieron detenidos ese 5 de abril por la retención de vehículos que eran parte de una protesta para exigir la atención a un conflicto histórico existente, que prevalece desde 1941, entre Arantepacua y Capácuaro por tierras.
Cuenta que su esposa fue a ver por él para tratar de liberarlo, dejando a sus hijos en Arantepacua, cuando de manera paralela se estaba registrando el operativo en la comunidad. “Cuando le hablaron de que estaban matando gente, estaba preocupada por mí y por nuestros hijos”.
Alejandro Crisóstomo remarcó: “queremos justicia más que nada, ojalá que reaccione el gobierno, y castigue a quienes dieron la orden”.
Adán Hernández agregó por su parte que la incursión de la policía fue injustificada. Aseguró que en aquel 5 de abril, aún cuando estaban encerrados los encargados del orden, “estábamos en el diálogo, en el entendimiento de ver la buena convivencia de las comunidades. Le apostábamos más al diálogo, y nos sorprendió que lejos de que dialogaran nos atacaran, fue desmedido”, aseveró. Para ellos ha sido un año de impunidad.
