Morelia/Héctor Tapia
Hace tres años en medio de una reunión del grupo de trabajo de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres para Michoacán, la presidenta de Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrío, fijó una postura e hizo un llamado, que no se integrara en dicho grupo a B. G., por tener denuncias en su contra por dos presuntos casos de acoso sexual.
Ese llamado y posicionamiento hecho el 22 de enero del 2015, en un café del centro de Morelia, derivó en una denuncia contra la activista y galardonada con la Presea Eréndira, premio estatal entregado a quiénes destacan en su labor de promover la igualdad de género.
Esta denuncia, hecha por B. G. a partir de dicho posicionamiento, fue a partir de lo que señaló como un daño a su honor, en la modalidad de tipo doloso, según argumentó en su denuncia; delito tipificado nuevamente en la Código Penal de Michoacán desde 2014.
Ese hecho tiene a la activista frente al Juez, en una audiencia preliminar, para definir si se le vincula o no a proceso, a partir de lo que se exponga tanto por la fiscalía como por la defensa de López Riofrío, como imputada.
La audiencia comenzó apenas en los primeros minutos de las 9:00 de la mañana en la Sala de Oralidad 7, localizada en el Palacio de Justicia del estado; frente al juez, en dos mesas, se colocan por un lado la presunta víctima con la fiscalía y por otro la imputada y su defensa legal.
Los representantes de diversos medios de comunicación llegan y se instalan, sacan sus libretas para tomar apuntes; es la única herramienta que tienen para registrar el desarrollo de los argumentos preliminares a la determinación del juez. Cámaras y teléfonos celulares se quedaron en la primera planta, en el acceso, según establecen las mismas normas del propio Sistema de Justicia Penal.
También llegan de manera solidaria integrantes de diversos colectivos feministas de Michoacán, con quienes Circe López ha colaborado durante años en la defensa de los derechos de las mujeres y también contra la violencia de género. Se instalan en silencio para conocer también los pormenores del caso. Observan.
Tras la comunicación que hizo la representación de la Fiscalía sobre los hechos que se le imputan a López Riofrío el Juez pregunta a la defensa si quiere que la definición de si se vincula o no a proceso a la activista se lleve al plazo de 72 horas como establece el procedimiento, que permite incluso una ampliación al plazo hasta 144 horas después de la audiencia en curso, o si deciden en la misma sesión desahogar los elementos y decidir de una vez al respecto.
La defensa de la activista definió desahogar de una vez al respecto, y que en la misma audiencia el Juez decidiera.
A partir de ello comenzó la lectura de las pruebas presentadas por la fiscalía; B. G., presunta víctima, académico de la Máxima Casa de Estudios, inició la querella hasta diciembre del 2015, según refieren en la exposición.
“Circe no tuvo la intención de dañar a una persona” expuso la defensa al justificar el posicionamiento asumido por la activista en aquella reunión de enero del 2015.
Remarca que sólo asumió una posición de transmitir lo que le habían denunciado respecto a la presunta víctima, ahora acusador, y que por congruencia no podía estar en el Grupo de Trabajo de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que se estaba integrando en ese momento, por pesar en contra de él señalamientos contrarios al objetivo del mismo grupo.
“Jamás quiso dañar el honor, sólo hizo ejercicio de su derecho” para que fueran las instituciones representadas en ese momento de la reunión referida, de hace tres años, tomaran una decisión al respecto.
De acuerdo a las pruebas expuestas ante el juez sólo había un caso de denuncia de acoso sexual registrado de manera oficial y que se llevó con un procedimiento administrativo ante autoridades de la Universidad Michoacana, donde la presunta víctima se desempeña. Misma que al no haber pruebas contundentes que avalaran la acusación fue desechada o archivada.
La segunda acusación, explicó la defensa, se basó en información confidencial que llegó a la activista, por lo que se agregó al posicionamiento que asumió en enero del 2015.
Tras casi dos horas y media de exposiciones, el juez remarcó que la vinculación al proceso no se da sobre si hay o no responsabilidad de la presunta víctima en las acusaciones de acoso sexual, sino por el señalamiento público que hizo la activista; hecho que fue denunciado y por la cual compareció.
Las denuncias de acoso sexual, remarcó el juez, debieron seguir el cauce formal ante las instancias correspondientes para que el caso se investigara.
Por lo que por la presunta comisión del delito de daño al honor, a partir de las pruebas aportadas al principio en la audiencia preliminar, se definió que había suficientes elementos iniciales para vincular a proceso.
A partir de la petición de la Fiscalía, el juez dio dos meses para que se profundizara la investigación y desahogar el juicio, para poder realizar la investigación complementaria al respecto y para que al 8 de abril se llegara a la conclusión de la investigación, tiempo que se consideró necesario para que ambas partes pudieran presentar sus respectivas pruebas.
El juez abrió la posibilidad de que ante este caso, por las características del mismo, se pudiera llegar a un acuerdo a través de medidas alternativas.
Una vez concluida la audiencia preliminar, las activistas de colectivos de defensa de las mujeres esperaron con los brazos abiertos para solidarizarse con Circe, su aliada. También a la salida de los juzgados, bajo un cielo plomizo y ambiente húmedo, era esperada por varias de ellas. Habrá de valorar cuál es el siguiente paso.
